El incendio de La Terminal –que no es el primero– es, sin más ni menos, un ejemplo doloroso de lo que ocurre en Guatemala con uno de los problemas socioeconómicos más significativos, al cual ningún gobierno o el Estado mismo en su conjunto parece preocuparle y tratar de resolverlo.
El incendio ocurrido por enésima vez, es consecuencia de la complejidad de una nación con carencias enormes y falta de políticas públicas para enfrentarlas, en el papel fundamental del Estado, establecido en la Constitución.
En efecto, no basta ver solo el lamentable suceso en el complejo de la zona 4, sino los factores que lo originaron, que reflejan lo que acontece en la capital y centros urbanos de la república. La falta de empleo y de oportunidades, sumada a carencias de salud y educación, sobre todo, provoca que miles de guatemaltecos buscando el “sueño capitalino”, emigren de sus pueblos del interior para buscar en la urbe mejores medios de subsistencia. Este enorme fluir de personas del interior crea los asentamientos, y, como ocurrió en el mercado más grande, a su alrededor sin ninguna regulación o control se levantan “champas” que denigran a quienes allí “viven”, con absoluta carencia de servicios públicos, con proliferación de la delincuencia ante la falta de trabajo y un costo de vida más alto.
Así como en La Terminal se fueron formando a su alrededor “comercios informales” hechos de madera, cartón y láminas, igual ocurre en los centros urbanos más importantes. Se persigue un sueño que al final, como La Terminal, puede terminar en tragedia.
El problema no es nuevo, y Segeplan, la Usac, instituciones públicas y privadas han elaborado “estudios” en donde nos ilustran del asunto, pero no dicen claramente cómo solucionarlo. Si estuviéramos en un país totalitario, como ocurrió en China, simplemente se prohíbe la migración y punto. Aquí eso jamás podría ni debe suceder por razones obvias.
Ya se ha repetido que lo que debe hacerse es crear incentivos para el interior con polos de desarrollo con servicios mínimos, pero fundamentalmente –y es la única forma en que acepto las excepciones y exenciones de impuestos–, es motivar a grandes empresas a que produzcan y se instalen en el interior, otorgándoles incentivos, pero sobre todo dotándolos de agua, energía, carreteras y la infraestructura necesaria para que sirva a sus complejos. Eso es de verdad incentivar empleo en la provincia, crear fuentes de trabajo y aumentar la competitividad. Y por supuesto, el Estado, municipalidades incluidas, debe mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.