La Policía Nacional Civil es la institución menos indicada para hacer frente a un cruento ambiente de violencia e inseguridad, al menos eso es lo que reflejan las tendencias contractuales de las instituciones del Ejecutivo, que en su mayoría están contratando empresas de seguridad privada para resguardar sus instalaciones y cuidar de su personal.
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Según el proyecto de presupuesto para el próximo año, Q13 millones 614 mil 906 serán destinados al pago de agencias privadas de seguridad que brinden resguardo a edificios de las distintas dependencias del Organismo Ejecutivo.
Además, según el sistema de Guatecompras, durante 2010 se ha erogado un aproximado de 12 millones 811 mil 300 quetzales para brindar seguridad a tan sólo cuatro dependencias estatales.
De esa manera, instituciones oficiales están demostrando que cada vez son más dependientes de las empresas privadas de seguridad, en el contexto de una sociedad violenta en la que mueren por inseguridad un promedio de 15 persona cada día.
Esa tendencia contractual del Estado también revela que las fuerzas de seguridad públicas no son consideradas para prestar sus servicios a las mismas instituciones públicas.
La necesidad de contratar servicios privados se debe al déficit de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), justifica Nery Morales, portavoz del Ministerio de Gobernación.
Morales además explica que existe una limitación en las fuerzas de seguridad derivado del abandono por más de ocho años que tuvo la PNC, y que no ha permitido que se fortalezca como el ente rector de la seguridad nacional.
FORTALEZA PRIVADA
Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), en el país hay 120 mil agentes de seguridad trabajando para 148 empresas de seguridad privadas, autorizadas por el Ministerio de Gobernación, que superan por mucho a la cantidad de PNC que resguardan la seguridad de los guatemaltecos.
Mario Polanco, director del GAM, explica que en todo el territorio nacional hay18 mil policías, pero debido a que no todos trabajan simultáneamente y dividen su labor diaria en tres jornadas, la cantidad de efectivos disminuye a seis mil.
Debe tomarse en cuenta, además, que de esos seis mil agentes unos mil 500 dan seguridad a funcionarios y familiares de quienes trabajan en el Gobierno y luego, otros mil 500 gozan sus vacaciones y otros permisos, por lo que unos tres mil policías se dedican a cuidar a 14 millones de guatemaltecos.
Según las estadísticas de la cartera del Interior, en el país hay un agente de policía por cada 750 habitantes, mientras que el estándar internacional es de uno por cada 350.
De esa cuenta, empresas privadas suplen las funciones que debería garantizar el Estado en materia de seguridad para los habitantes de Guatemala y las instituciones de Estado.
VERGíœENZA Y POCA CAPACIDAD
Como «vergí¼enza» califica Polanco el hecho de que el Gobierno se vea en la obligación de invertir en seguridad privada cuando el Estado debe tener una fuerza pública que dé seguridad a los guatemaltecos. «Esto, incluso, contraviene todos los principios establecidos en cualquier Estado del mundo», señala.
Por su parte, Mario Mérida, ex viceministro de Gobernación y analista de seguridad, indica que la contratación de empresas privadas es producto de la incapacidad de las agencias gubernamentales para proveer de seguridad que garantice la vida y los bienes de los guatemaltecos.
Así, el ex funcionario explica como debería funcionar la PNC: «el 60 por ciento de elementos tendrían que estar preparado, entrenado, armado y uniformado para prevención, grupo dentro del cual debería existir una sección de seguridad de instalaciones públicas».
Luego, otro 20 por ciento, debería tener la capacidad y los recursos para accionar de manera disuasiva y con presencia en todo el territorio nacional, refiere el especialista
Explica además que el restante 20 por ciento debería ser policía altamente entrenada para resolver y accionar en temas como rescate de rehenes y narcotráfico, pero esa intervención se daría al agotarse la prevención y la disuasión, pero, «con gente preparada». «Mientras esto no se haga, van a haber policías vagando por toda Guatemala», dice el analista.
CAMBIAR EL SISTEMA VULNERABLE
La reducida capacidad para garantizar la seguridad, reflejada en la necesidad de recurrir a seguridad privada, deja a la población en un punto de vulnerabilidad, señala Polanco, quien no descarta que grupos de poder estén propiciando esa situación. Pero para lograr dicho cambio, el director del GAM cree conveniente el fortalecimiento a la PNC, lo cual implica que se debe evitar la debilitación de Gobernación, como ocurre con transferencias presupuestarias de esa institución hacia el Consejo de Cohesión Social. Además, dice, es necesario fortalecer la Academia de Policía, para formar y preparar nuevos cuadros de seguridad.
El vocero de la cartera del Interior asegura que ya se trabaja en ello, y da como ejemplo la graduación de cinco mil 800 nuevos agentes y el inicio en el proceso de la reforma policial, aunque de ésta todavía no se han percibido los resultados ofrecidos.
Según la cuarta edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala del Ministerio de Finanzas Públicas, el renglón 197, Servicios de Vigilancia, Comprende los gastos por servicios de vigilancia prestados por instituciones o empresas de seguridad privada.
Una revisión de los recursos que serán asignados a este concepto para el año entrante dan cuenta de que 13 millones 614 mil 906 quetzales tendrán este destino.
MINISTERIO Cí“DIGO CONCEPTO ASIGNADO
Agricultura 197 Servicios de vigilancia Q565,566
Trabajo 197 Servicios de vigilancia Q592,400
Educación 197 Servicios de vigilancia Q571,800 Servicios de vigilancia Q199,000
Cancillería 197 Servicios de vigilancia Q999,990
Cultura 197 Servicios de vigilancia Q52,000 Servicios de vigilancia Q7,500,000 Servicios de vigilancia Q924,000 Servicios de vigilancia Q75,000 Servicios de vigilancia Q125,000
Comunicaciones 197 Servicios de vigilancia Q1,855,150 Servicios de vigilancia Q155,000
Las carteras de la Defensa, Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Salud, Energía y Minas, Finanzas Públicas y Gobernación no tienen presupuesto asignado para ese concepto, tampoco la Procuraduría General de la Nación, la Vicepresidencia y la Presidencia de la República, que tienen a la Secretaría de Asuntos y Administrativos y de Seguridad como guardia.
En el portal de Guatecompras se puede establecer que un monto de 12 millones 811 mil 300 quetzales han sido adjudicados a distintas empresas de seguridad privada, el monto únicamente corresponde a cuatro entidades de Gobierno. El Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó un contrato a la empresa Grupo Escorpión, S.A. por un monto de Q10 millones 839 mil 200 por servicios de vigilancia y seguridad; el estatus se muestra finalizado y adjudicado el 28 de julio 2010.
Este contrato es para servicio de vigilancia y seguridad en los centros deportivos, Campo de Marte, Gerona y Parque la Democracia, la Finca Santo Tomás y el sitio arqueológico Kaminal Juyú, del uno de agosto de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
En junio de 2010 un contrato fue adjudicado a Alarmas de Guatemala, S.A. por un monto de Q684 mil 000, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia solicitó el servicio de 15 agentes que fueron distribuidos de la siguiente manera: dos en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Social, dos en las oficinas del Programa Escuelas Abiertas, cuatro en el Hogar Solidario y uno en cada uno de los Comedores Solidarios, en turnos de 24 x 24 horas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó un contrato a la empresa Wackenhut de Guatemala S.A. por un monto de Q852 mil 500 para servicio de vigilancia y seguridad durante 11 meses del 2010.
También el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación otorgó un contrato a la empresa de seguridad privada Halcones, por un monto de Q435 mil 600 por servicios privados de seguridad para resguardar edificios de esa cartera. Fue adjudicado el 8 de marzo de este año y se contrató a 22 elementos por un periodo de seis meses.
En agosto de 2010 el Ministerio de Educación publicó una licitación para contratación de servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas centrales y anexos del programa Mi Familia Progresa, pero el concurso fue declarado como desierto.
En esa licitación se solicitó los servicios de 11 guardias de seguridad con uniforme formal con corbata y gorra tipo kepi con identificación de la empresa. Se especificaba que los guardias debían tener como mínimo tercero básico de escolaridad y un año de laborar en la empresa. Los guardias debían tener capas, botas, linternas y demás equipo necesario por agente «para que pueda cumplir con sus funciones según el lugar y el turno que se haya designado».
Dentro del tipo de armas se estableció que debían contar con 11 pistolas para 11 agentes (se deberá contar con munición de reserva). Una escopeta y una pistola para un agente (se deberá contar con munición de reserva).
Se detalla también que «todas las armas deberán estar en perfectas condiciones físicas y de funcionamiento, radios comunicadores con un mínimo de señal repetidora de 11 metros, externa e interna para coordinación con los agentes, jefes de grupo y el jefe del Departamento de Servicios Generales de la Subdirección Administrativa del Programa Mi Familia Progresa».
Se solicitaba el servicio de seguridad y vigilancia durante las 24 horas de lunes a domingo, también días de asueto, días festivos o feriados.
Mario Polanco
GAM
Mario Mérida
Analista