El fenómeno de los niños migrantes que por diversos motivos han llegado a la frontera de Estados Unidos, constituye un drama de grandes dimensiones convirtiéndose en una crisis humanitaria de carácter internacional, que es resultado de la profunda desigualdad social que agobia a los pueblos de la región.

La realidad es que nuestros países son inmensamente ricos, pero están llenos de pobres. Esta contradicción tan lacerante, se explica por la salvaje explotación de nuestros recursos naturales como el petróleo, el hierro, el níquel, el oro, la plata y otros más, que llevan a cabo poderosas compañías extranjeras, a cambio de miserables sumas de dinero en concepto de regalías y el pago de impuestos.

Un reciente estudio realizado por la doctora Magaly Arrecis, experta en políticas socio ambientales, publicado en la Revista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, pone en evidencia que las millonarias ganancias de esas empresas transnacionales frente a las limitadas regalías, son un mal negocio para Guatemala, pues las comunidades en cuya jurisdicción se realiza la explotación, cada vez están más pobres, y es muy alto el monto para remediar el fuerte impacto ambiental derivado de estas actividades, que literalmente están dejando exhausto el suelo nacional.

En Bolivia ocurría algo semejante antes del ascenso al poder del actual presidente, el líder indígena Evo Morales, pues las firmas transnacionales se llevaban la mayor parte de las ganancias al exterior, y dejaban migajas para ese hermano pueblo.

El presidente Morales tuvo el acierto de promover la nacionalización de los hidrocarburos, y en la actualidad, Bolivia recibe el 82 por ciento de las ganancias, mientras las compañías extranjeras obtienen el 18 por ciento. En Guatemala, las regalías son apenas del uno por ciento, y por un “acuerdo voluntario” con el Presidente Otto Pérez Molina, algunas de ellas accedieron a pagar hasta el 5 %.

Si el mayor porcentaje de nuestra riqueza se quedara en el territorio nacional, los guatemaltecos no tendrían que ir a buscar mejores horizontes a Estados Unidos ni a ningún otro país, por consiguiente, sus hijos no se expondrían a viajar en condiciones peligrosas para reunirse con ellos, ni afrontarían la amenaza de ser deportados.