El Documento íšnico de Identificación -o como se le llamó después, Documento Personal de Identificación (DPI)- fue una de las exigencias que surgieron en las elecciones generales pasadas, luego de que salieran a la luz cada vez más conflictos con las cédulas de vecindad. Las misiones de observación, como la de la OEA y de la Unión Europea, recomendaron encarecidamente que este documento debe estar vigente para las próximas elecciones.
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Sin embargo, de acuerdo con María Eugenia Villagrán, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esta recomendación no podrá cumplirse. La razón es que el Registro Nacional de Personas (Renap), que recién empezó a funcionar este año, debería emitir una cifra exorbitante de documentos de aquí a finales del otro año, para poder suprimir la cédula.
Una pregunta sería, ¿por qué, si se sabe que no daba tiempo, se empezó a emitir el DPI en sustitución de la cédula de vecindad? Fácil: porque algún día había que empezar, y si pensábamos en que no daría tiempo, pues jamás se hubiera empezado.
Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué si se sabía la urgencia, no se hizo lo posible para sacar todo a tiempo?
Antes de responder a ello, habrá que recordar que para las elecciones pasadas, el TSE hizo un gran esfuerzo para empadronar a la población, sobre todo en el interior, además de que se modificó la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que hubiera más mesas en lugares con menos empadronados, lo que acercó los centros de votación a los lugares remotos.
La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) gozó los efectos de esta popularización del empadronamiento y del acceso al voto, ya que su mayor cuota electoral fue en el interior. Quizá, si no se hubieran hechos estas acciones, quizá no hubieran tenido fuerza y habrían perecido ante otros partidos con mayor número de simpatizantes en las áreas urbanas.
Con el cambio de documento, de la cédula al DPI, es imprescindible de nuevo una intensa campaña de empadronamiento, ya que el nuevo documento no viene con empadronamiento incluido, lo que en realidad será el verdadero conflicto para las elecciones.
Esto implica que se pierda el caudal electoral en el interior, ya que el nuevo documento tendría efectos a mediano plazo en zonas urbanas, pero en las rurales sería difícil el cambio.
Si no es eso, entonces no me explico por qué el Gobierno estaría tan interesado en recortar flagrantemente el presupuesto del Renap y del TSE.
Además, creo que responde a las presiones de Municipalidades, sobre todo las de zonas alejadas a las cabeceras departamentales, para que sean éstas las que sigan emitiendo cédulas, lo cual puede ser manipulado por los alcaldes para obtener mejores resultados electorales.
En pocas palabras, llegará septiembre de 2011, y no tendrán más remedio que aceptar, en las mesas de votación, dos documentos: cédula de vecindad y DPI. Esto, obviamente, le restará transparencia, aunque no creo que la comunidad internacional deslegitime el proceso por ello. Sin embargo, si la campaña pasada fue violenta (con varios asesinatos con tintes electorales, ya que eran candidatos fuertes en sus comunidades), ya se podrá prever cuán violenta será ésta que viene, sobre todo si se sabe que habrá una duda razonable como para poder demostrar un supuesto fraude electoral.
En países donde hay elecciones y dudas razonables para señalar fraude (recientemente, en Irán y Afganistán), la violencia política ha sido altísima. Espero que el Estado guatemalteco logre prever esto y no dejar al tiempo este conflicto con los documentos de identificación. (http://diarioparanoico.blogspot.com)