¿Quién tiene el dominio en Guatemala? Durante décadas se ha hablado de la incapacidad del Estado de ser el verdadero representante del poder institucional para la toma de decisiones y aplicación de políticas que, como conceptualmente se entiende, tienen que ser para el bien común.
La Ley de Extinción de Dominio, no solamente es necesaria, sino que tiene que ser analizada desde una visión distinta a la que se implantó como límites en los otros países que se han tomado como ejemplo para su utilización en Guatemala. Debemos recordar que estas experiencias se enfocaron a las actividades de los «narcos», estableciendo una política de guerra al atacar su capacidad financiera como un objetivo primordial para la reducción de operaciones.
Sin embargo, es importante recordar que en Guatemala no estamos en situaciones similares. En nuestro país, lamentablemente, la cosa huele mucho peor que en cualquier otra experiencia y es por ello que no se puede pensar en fórmulas más livianas que puedan darnos las herramientas para salir del embrollo.
Vivimos en un sistema legal que no cuenta con marco regulatorio del tráfico de influencias, del enriquecimiento ilícito, etcétera. Vivimos en un paraíso para la defraudación fiscal, pero también es un paraíso para la corrupción que, tanto en el sector público como privado, actúa como un médico que se roba las medicinas de un enfermo terminal.
Entonces la tarea que Guatemala tiene no es «intentar» reducir el dominio del narco por medio de esta ley. Lo que necesita nuestro país es un esfuerzo auténtico para que el dominio vuelva a ser del Estado como tal (no Gobierno), en el que los ciudadanos puedan ser los que verdaderamente se sientan representados y beneficiados con sus políticas. Mientras sigamos con esa casi unánime percepción de mini monarquías que asumen el poder para beneficiar a grupos criminales mientras ellos mismos se enriquecen sin límite, no tendremos salida.
Es por ello que se debe analizar cuál es el sentido real de la propuesta de Extinción de Dominio. El dominio sobre Guatemala, como Estado, lo tienen actualmente las organizaciones criminales que en asociación directa o implícita con el poder político actúan a su sabor y antojo. ¿Queremos una ley que pueda limitarles su dominio? Lo que necesitamos es una ley que dé las herramientas para que esas prácticas de corrupción y criminalización, queden fácilmente en evidencia y puedan ser castigadas. Guatemala no es, ni por asomo, igual a otros casos. Nuestras medidas deben ser más radicales.