En reportaje de Gerson Ortiz del 16 de septiembre pasado, publicado en este vespertino se mencionan los requerimientos del llamado “sector justicia†conformado por el presidente de uno de los tres organismos del Estado, Luis Arturo Archila, la directora de la Defensa Pública Penal, Blanca Stalling, y la jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz.
Los tres organismos, en su conjunto, tuvieron una asignación en el año 2010 de Q1,834.5 millones, sin embargo, para 2012 requieren nada más y nada menos que la bicoca de Q3,760 millones; es decir, un incremento del 105 por ciento, que representa nada más y nada menos que Q1,925 millones. ¿Qué hacer entonces?
Para empezar, se debe tener presente que a juzgar por las últimas noticias de la economía internacional veo toda una ilusión un tanto ingenua el plantear un presupuesto como el que discutirá pronto el Congreso para el 2012 porque las cosas están color de hormiga, tanto aquí arriba, hacia el norte del continente, como al otro lado del charco.
La primera acción que debieran hacer los más altos representantes de órganos estatales, como es el caso del Organismo Judicial y el Ministerio Público es ponerse por unos momentos el sombrero de la macrogestión estatal y de la formulación y evaluación de políticas públicas y preguntarse si esos pedidos son en verdad realistas y están acordes con una estrategia y visión de país en el mediano y en el largo plazo. Y es que tales puestos no son reservados para administrar un coto o feudo establecido sino para impulsar la vida republicana.
Por eso digo yo que el discurso de la llamada Reforma Tributaria es erróneamente dimensionada en la Guatemala de hoy de ayer, y que el tema este del Pacto Fiscal debe ser aclarado, algo que lamentablemente sus principales ponentes, vinculados con tanques de pensamiento económico tradicional no están haciendo.
Si en caso el país accediera a una ansiada “Reforma Tributaria Integralâ€, holística, amplia o como quiera llamársele, yo redondearía los nuevos ingresos entre Q1,500 a Q2 mil millones, dándole las vueltas que se le quiera dar al IVA, al Impuesto sobre la Renta, y a impuestos que se vienen pensando desde hace rato, al ramo de la telefonía celular o de la compra de vehículos automotores.
Eso se lo tragaría tan sólo la deuda flotante del Estado, o bien los ministerios de Educación y Salud, y tengamos en cuenta que se quiere, incluso, crear un nuevo Ministerio de Desarrollo Social si gana el candidato que va punteando para la segunda vuelta. A este respecto me pregunto yo si por lo menos dicho Ministerio absorberá el alimento financiero de los fondos sociales, ¡Ojalá!
Deben sentarse los mandamases del Estado guatemalteco, para reasignar gasto, y de paso debieran invitar al mandamás de la Corte de Constitucionalidad y al de los Derechos Humanos, para que por fin proponga acciones también, acompañados del Rector de la Usac si se quiere, y deben platicar el tema: con números, con realismo y documentos concretos.
La cultura del gasto en Guatemala se ha legalizado, y se ha constitucionalizado, siendo que una buena parte de los entes paraestatales que se alimentan del gasto público se manejan sin racionalidad de austeridad: puja de chances, viáticos fuera de lo común, prebendas, carros, gasolina y demás. No hay conciencia entonces de una política integral.