Guatemala es un país con un Estado al que se califica, en el mejor de los casos, de frágil según clasificaciones que hacen entidades internacionales, puesto que no es capaz de asumir sus funciones ni cumplir con sus responsabilidades constitucionales por el descalabro en que han caído prácticamente todas sus instituciones. La deficiente prestación de servicios públicos es una prueba contundente de esa descomposición estructural que nos afecta a todos de diversas maneras.
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Si hablamos de infraestructura, basta ver lo que provoca una cargada época de lluvias para darnos cuenta de la fragilidad que sufrimos. Deslaves y derrumbes por todos lados, carreteras mal mantenidas que se llenan de baches y puentes arrastrados por las correntadas afectan la movilización de bienes y de personas en una forma realmente alarmante. No digamos hablar de cuestiones como salud y educación, en donde se había perdido la gratuidad mandada por la Constitución y al devolverla, se produce un déficit tremendo que afecta la calidad de los servicios.
Pero cuando hablamos de la seguridad y justicia nos damos cuenta de manera sangrientamente trágica de cuán grave y profundo es el daño causado por ese descalabro institucional que no se produjo casualmente sino que ha sido parte de una sistemática reducción del papel de lo público, tan vituperado como menoscabado. No tenemos una fuerza pública capaz de prevenir el crimen en todo el territorio nacional y cuya presencia se convierta en consuelo para la ciudadanía. Tampoco tiene capacidad esa fuerza pública de realizar correctas investigaciones cuando ya se produjo el hecho criminal para poner a funcionar la maquinaria de la justicia y sin capturas ni procesos, los criminales actúan y viven a sus anchas en esta pobre Guatemala.
Lo penoso es que los ciudadanos nos hemos acostumbrado a vivir en medio de un sistema que no funciona. De la misma manera como la falta de sincronización de los semáforos por una entidad reguladora del tránsito que ni para eso sirve lleva a muchos automovilistas a pasarse los cruceros con la luz roja, poco a poco se fueron conformando grupos ciudadanos que se atribuyeron la misión de aplicar la justicia que no administran los tribunales. Lejos de que las fuerzas sociales se unieran para reclamar el respeto a la ley y que las autoridades cumplan con sus obligaciones, se les dejó que siguieran haciéndose babosos de lo que pasa y se emprendió el camino de sustituir la capacidad del Estado, tal y como ha ocurrido en casi todos los campos. Con la misma tranquilidad con la que se funda un colegio para subsanar la incapacidad de educar a nuestros niños o una casa de salud para atender a los enfermos, se crearon cuerpos secretos que se convirtieron en una especie de guardianes justicieros.
El Estado incapaz de atender sus obligaciones dejó el espacio a los particulares que se convirtieron en los encargados de prestar servicios que van desde atender enfermos, educar a los niños o «administrar justicia». Pero si en salud y educación los efectos negativos son graves por el libertinaje existente, en el tema de la justicia y la seguridad estamos frente al colapso completo del Estado y prácticas en las que el error es irreparable.
Se debilitó al Estado al punto de hacerlo un ente inútil prácticamente para cumplir con cualquiera de sus fines, fuera del de pagar sueldos a la costosa burocracia. Y lo que hoy tenemos es un país lacerado por expresiones violentas de particulares que creen ayudar a la justicia sin entender que han prostituido al país y a la sociedad.