Los pueblos sin memoria están condenados a reincidir en sus peores errores, a emprender de nuevo las rutas hacia sus peores infiernos y a divagar por la oscuridad de un futuro incierto, en el que seguramente volverán a encontrar a sus más bajos demonios. En la medida en que menos referentes culturales tiene un colectivo social, más fácil es moldear una nueva historia, una versión correcta, una que borre las incomodidades del pasado en el que se disuelvan las responsabilidades, las injusticias y las atrocidades.
La historia del pueblo guatemalteco da cuenta de diversas lobotomías sociales que han sido producto de intencionalidades con nombre y apellido. El enemigo es el tiempo; entre más generaciones transcurren sin conocer la verdad, más fácil se arraiga la historia oficial. En estas latitudes, donde los esqueletos de la historia terminan saliéndose de los armarios de la impunidad, la evidencia ha debido ser sistematizada por terceros, por las víctimas mismas, por los propios ciudadanos, porque el Estado no ha sido capaz del acto reparador pues es terriblemente responsable. ¿Por qué apareció el archivo de la Policía Nacional? ¿Por qué la obviedad del cúmulo de evidencia en el Juicio por Genocidio no fue suficiente para que el Estado y la sociedad guatemalteca asumiéramos esta sombra en la historia reciente? ¿Por qué hay quienes dicen y sostienen que no hubo conflicto armado interno? Las respuestas a esas preguntas se hallan en la comprensión de una oligarquía de las más atrasadas; en la debilidad estructural del Estado; y al final, en el acto de despojo sostenido y sistemático en el tiempo y en el espacio de la memoria colectiva. Esa usurpación ha sido violenta, impune, sutil y masiva. De tal cuenta, los guatemaltecos construyen en su imaginario social a diario, el mensaje que todos somos guatemaltecos, a pesar de una inequidad y desigualdad abrumadora; o dan fe en encuestas serias, que los guatemaltecos apoyarían un gobierno autoritario más que uno democrático. El despojo ha hecho mella en la memoria colectiva y no hace falta quemar archivos, desaparecer evidencia o borrarla. Los hechos alrededor del cierre inminente de CIRMA dan cuenta de una forma abusiva de despojo. Se presumen al menos dos intencionalidades atrás de este hecho; la primera de orden ideológico. El acervo archivístico de ese centro de investigación que alcanza 8 millones de documentos debidamente clasificados contiene registros inéditos de la historia reciente de este país, muchos de ellos donados por familias, instituciones o individuos que confiaron ese legado para su uso libre. La intención de las nuevas autoridades no es destruir ese cúmulo de información, con solo almacenarlo en una bodega se cumple el cometido de negar la historia reciente, o mejor, al donante de archivos que pida su legado le será devuelto. Con solo desarticular las partes, el cuerpo deja dejará de ser reconocido y las posibilidades de su uso quedan irremediablemente disueltas. La otra razón puede ser más baja y mundana, de orden mercantil. La fototeca de CIRMA es en realidad la joya de la corona; con un legado de aproximadamente 1 millón de ejemplares inéditos con un valor en el mercado del arte, es un botín invaluable. Reflexiones finales: i) es un reto colosal reclamar acervo documental como patrimonio público a una entidad constituida como privada, en la que sus dueños ni siquiera son nacionales. ii) Un Estado que no invierte en sus bibliotecas, no será capaz de valorar su propia historia. Y iii) un legado de nuestra historia confiado a la asistencia de la cooperación internacional, nunca será garantizada en el tiempo como sí lo haría un Estado.