La Fundación Rigoberta Menchú, con el acompañamiento de campesinos de San Marcos y de la Diócesis Católica de la región, iniciaron acción penal en contra del Presidente de la Corte Suprema de Justicia porque Erick ílvarez, en su calidad de abogado, realizó diligencias de titulación supletoria que significaron el despojo de nada menos que 280,602 metros cuadrados de tierras comunales en ese departamento, terreno en el que luego se asentó más del ochenta por ciento de la operación de la Mina Marlin.
La titulación supletoria es un procedimiento muy usual en nuestro medio debido a deficiencias de tipo registral, pero también ha sido un instrumento de despojo en reiteradas oportunidades dirigido, especialmente, a tierras comunales en las que la propiedad no corresponde a un individuo, sino a una colectividad y eso facilita que se puedan realizar trámites sin que los verdaderos propietarios se enteren de lo que está ocurriendo.
Resulta que en el trámite que realizó el abogado ílvarez a favor de la empresa Peridot, la Procuraduría General de la Nación, al evacuar la audiencia que por ley le corresponde, se opuso al trámite, no obstante por lo cual la empresa logró el cometido de apropiarse de la enorme extensión de terreno, cuyo dominio traspasó posteriormente a Montana, operadora de la mina Marlin. En otras palabras, esa titulación supletoria fue la pieza clave para que Montana iniciara sus operaciones en Guatemala, porque sin acceso a lo que antes fueron tierras comunales no hubieran podido extraer metales y lo están haciendo como consecuencia de la titulación supletoria lograda por quien hoy es Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aparte de la obvia preocupación que tiene que haber porque la principal autoridad del sistema judicial del país tenga nexos de tal calibre con una polémica operación como es la minería, que eventualmente puede ser objeto de procesos tanto civiles como penales en Guatemala, debemos tomar en cuenta que la Fundación Menchú y los actores en este proceso han documentado acciones ilícitas y reclaman falsedad material e ideológica cometida por el actor en la solicitud del título supletorio, que es justamente el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El señor ílvarez ha sufrido un desgaste sin parangón en el ejercicio de la presidencia del Poder Judicial y se trata, sin duda alguna, de una de las figuras menos confiables del escenario nacional, lo cual ya es mucho decir, porque aquí lo que no hay son figuras confiables.
El logro de haber llegado a culminar una carrera profesional ejerciendo la presidencia del Poder Judicial se desvaneció en cuestión de meses y lejos de ser un motivo de orgullo, en el caso ílvarez se ha convertido en un baldón.