Desde que el 14 de enero de 2012 el Partido Patriota (PP) sucedió en el gobierno a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la situación del país, en general, sigue igual si no es que se ha agravado. Nada permite prever que las cosas se vayan a arreglar. En 16 meses, la gestión gubernamental del partido oficial se ha desgastado en forma acelerada.

Viendo las cosas lo más objetivamente posible, puede decirse que el país está ante un cada vez más agravado desgaste institucional, y que el desgaste institucional es consecuencia de la composición e integración del equipo de gobierno y sus limitaciones en el desempeño de sus atribuciones administrativas y de gobierno.
   
    La integración y composición del equipo de gobierno -para decirlo comedidamente-, deja mucho que desear. La mayoría de funcionarios no se caracteriza por su capacidad y competencia; se pone en duda su solvencia, idoneidad y transparencia.
   
    Es de lo más frecuente que se insista y hable de la corrupción y tráfico de influencias, el enriquecimiento de funcionarios y financistas de campaña, los contratos, negocios y compras carentes de transparencia, de las concesiones o usufructos lesivos para el país.
   
    Sería extraño que se dejara de señalar la tendencia gubernamental a reprimir la protesta social, la militarización del país y el autoritarismo, la desatención a las necesidades de la  población más necesitada, a la educación pública y a la salud y la ineficacia y clientelismo de los programas sociales.
   
    En lo económico y social, la debilidad principal del gobierno consiste en el errático manejo de la economía y las finanzas, su incierto comportamiento, una reforma tributaria aprobada a toda prisa, la pésimamente convenida composición y distribución del presupuesto, el desmedido endeudamiento, la imposibilidad de concretar una política integral de combate a la pobreza y la pobreza extrema, la no solución de la inequitativa distribución y explotación de la tierra, la entrega de los recursos no renovables a empresas extranjeras, el desempleo y los bajos salarios.
   
    En lo administrativo, su debilidad principal está en la corrupción e impunidad, la toma de decisiones e iniciativas improvisadas y precipitadas, la destitución forzada de funcionarios sindicados de corrupción o incompetencia y su sustitución por quienes se duda de su idoneidad y competencia.
   
    En lo político e institucional, se está ante el acelerado desgaste del partido gobernante, sus contradicciones no resueltas, la incapacidad y falta de voluntad para resolver los conflictos sociales. El narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común, es una piedra más en el zapato de quienes gobiernan.
   
    En su conjunto, estos componentes debilitan y limitan el poder político y gubernamental. A sus causas y consecuencias, no me refiero por ahora. En todo caso, lo descrito permite tener una idea aproximada de la gravedad de la situación. Ningún distractor político, publicitario o mediático, invisibiliza la situación en que se está.
   
    La implantación del Estado de Sitio en dos municipios de Jalapa y dos de Santa Rosa el 2 de mayo, resultó ser una disposición gubernamental de facto, en el vacío. Con su sustitución (ocho días después), por el Estado de Prevención, se continúa protegiendo a la mina San Rafael, acosando a los líderes comunitarios y amedrentando a la población.
   
    Cabe preguntarse, entonces, si es así cómo hay que manejar las crisis y cómo hay que gobernar al país.