Cada cuatro años Guatemala tiene la oportunidad de comprobar la forma en que se derrochan los recursos destinados al deporte. A partir de 1985, con la vigencia de la actual Constitución, empezó la asignación de un tres por ciento de los ingresos ordinarios del Estado a favor del deporte, siendo uno de los países que más invierten en ese campo. Anteriormente los dirigentes se quejaban de la falta de apoyo y de recursos y explicaban que por ello no podíamos prosperar, pero el balance después de veintitrés años de millonarias inversiones, la prosperidad no llega.
¿Qué se ha hecho el dinero de los guatemaltecos que manejan entidades como el Comité Olímpico y la Confederación Deportiva Autónoma? No hace falta ser auditor para entender que ha habido un enorme derroche de recursos que el país necesita en serio para superar graves deficiencias sociales pero que termina sirviendo para que los dirigentes viajen, para que se otorguen a sí mismos jugosos contratos y para incrementar la lista de las formas corruptas de administrar el dinero del pueblo.
Tras los resultados olímpicos uno esperaría que por dignidad los dirigentes ofrecieran colectivamente su renuncia en tácito reconocimiento de su incapacidad para proyectar beneficios con el dinero que han recibido a manos llenas. Pero, por supuesto, eso sería posible si existiera la dignidad, pero en ausencia de ella, tenemos que empezar a exigir que se produzcan los cambios y que se audite el uso del dinero público. Es una pena que vivamos en el paraíso de la impunidad, donde ya está sentado como axioma que quien roba dinero al Estado puede tener la más absoluta certeza de que no será perseguido ni, mucho menos, acusado penalmente y por ello es que existe esa tendencia tan grave a exprimir el presupuesto para beneficios personales.
Si sólo fueran los viajes a cuerpo de rey y acompañados de la parentela el caso ya sería grave y el comportamiento deleznable, pero además hay otro tipo de «beneficios colaterales» como la contratación que se hace mediante los viejos moldes para trasladar fondos a los dirigentes y sus familiares. Los atletas son útiles en la medida en que sirven de pretexto para justificar todo ese derroche de dinero que en realidad no llega a los deportistas, sino que se desvía en beneficio de los dirigentes. Más valdría tener una dirigencia deportiva profesional, con sueldos decorosos, que esa patraña de dirigentes ad honórem que se hartan con los recursos del pueblo y sin rendirle cuentas a nadie.
Por supuesto que el caso de Guatemala es apenas reflejo de lo que mundialmente significa el deporte. Los dirigentes olímpicos locales siguen el modelo de aprovechamiento y enriquecimiento del mismo COI, pero en el caso nuestro están robando a un pueblo pleno de necesidades.