En campos pagados publicados el mes anterior, el doctor Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos se refiere a la libertad de expresión como un derecho humano fundamental y al «hecho positivo e histórico que el presidente de la República, ingeniero ílvaro Colom, y el presidente del Organismo Legislativo, doctor Eduardo Meyer hayan firmado hoy, en la capital de Guatemala, la declaración de Chapultepec», declaración que en el mes de marzo de 1994 fuera «aprobada por líderes políticos, escritores, poetas, académicos, abogados constitucionalistas y periodistas».
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Procede señalar y subrayar que la libertad de expresión no es el patrimonio de unos sino de todos los seres humanos, no le pertenece a las empresas, a los socios, a los dueños, ni a los medios de comunicación social. La declaración de Chapultepec del 11 de marzo de 1994, celebrada en México DF, y suscrita por la conferencia hemisférica sobre la libertad de expresión, dejó de ser un derecho de los empresarios miembros de la SIP y se convirtió en un derecho humano fundamental.
A algunos de los presidentes de Guatemala y presidentes de otros poderes del Estado se les ha pedido suscribirla, pero más importante que la suscriban los funcionarios de gobierno, es que sea respetada por los dueños, accionistas, dirigentes de la SIP y de los medios de comunicación social en cada uno de nuestros países.
El doctor Morales debería de establecer un seguimiento permanente respecto a este derecho humano fundamental para que todos aquellos ciudadanos que de una u otra forma puedan ser afectados, limitados o abusados en su libertad de expresión, puedan requerir a la PDH y así su derecho no sea vulnerado de forma alguna.
La información no puede ser limitada, no puede ser manipulada, instrumentalizada, ni puede perder la objetividad. A cuántos millones de guatemaltecos se les ha inducido al error al vulnerar la objetividad y veracidad de la noticia. El mal hecho, hecho está.
Todos debemos respetar la libertad de expresión, seamos particulares o funcionarios públicos. Si se hiciera un estudio por la PDH se encontraría que más que las autoridades, son los dueños de algunos medios quienes más han vulnerado el derecho humano a la libertad de expresión, al extremo que hay periodistas, cronistas, redactores a los que no se les ha permitido informar objetivamente y por hacerlo se les ha suspendido y despedido del medio donde laboraban.
La aseveración anterior es fácil de comprobar, incluso en conferencias mundiales sobre la transparencia existe el capítulo respectivo en relación a la violación y a la falta de transparencia en los medios de comunicación social.
Cuán positivo sería que el PDH estableciera, dentro de su organización, una sección específica al seguimiento del derecho humano fundamental de libertad de expresión, sección donde se velaría por el respeto y observancia a esta norma humana, sin restricciones, ni limitaciones por edad, raza, profesión o condición económica social.
Actualmente existen en los medios escritos algunos que electrónicamente reciben y publican los comentarios pertinentes a sus columnas editoriales y a sus artículos, también existen secciones donde se publican cartas, estas son mejoras pero no sustitutos de la libertad de expresión y del derecho de aclaración y respuesta.
Esperemos que con hechos concretos, la Procuraduría de Derechos Humanos y quien hoy la preside produzcan resultados institucionales permanentes sobre la salvaguarda de éste derecho humano tan importante.