Durante los últimos años, no sólo en Guatemala, sino en todo el mundo, la celebración del Día del Trabajo se ha convertido más en un reclamo social, que en la fiesta que se espera tener en una sociedad desarrollada, especial y principalmente porque los Estados, incluyendo el guatemalteco, vulneran los derechos laborales.
El trabajo dignifica, dice la frase conocida, y es que para alcanzar muchas de las garantías humanas que se requieren para llegar a tener un estado de bienestar (el individual), uno de los aspectos más importantes es el de vivir en dignidad, misma que solo se consigue mediante el esfuerzo propio, directo y producto de la aceptación de oportunidades. Estas oportunidades, creadas mediante singulares acciones de políticas de Estado (tanto públicas como privadas), generan al momento de ser tomadas por los seres humanos, un manifiesto deseo de superación, y al mismo tiempo, llegar a una satisfacción que dignifica el espíritu, aunque haga necesario un descanso del cuerpo, luego de una jornada.
El derecho económico-social del trabajo, conjuntamente con otros no menos importantes como la educación y la salud, se convirtieron a partir de las conquistas sociales de México y Rusia de principios del siglo XX, como los grandes referentes para alcanzar un desarrollo económico-social de cada persona, y en su conjunto, de un país. Por ello, a pesar de que las personas cuenten con educación y una buena salud, sin oportunidades laborales que les haga crecer integralmente no podría mejorar sus condiciones de vida ni contribuir a la de su sociedad. Similar resultado se obtiene con el ejercicio de los otros indicadores, con trabajo y educación, pero sin salud, no hay desarrollo. Y en general, con salud y trabajo, pero sin educación, las oportunidades se limitan a una subsistencia que no permite el crecimiento.
Por ello, el derecho al trabajo se convierte en un detonante indispensable para alcanzar libertades humanas, democracias consolidadas y economías estables, especialmente en sociedades como la guatemalteca en donde los índices de trabajo se han reducido tanto que la población acude a otras formas de actividad personal, como migrar hacia otras latitudes que sí aprecien –y paguen– su voluntad, decisión y disciplina; o bien trasladarse a una informalidad que no garantiza ingresos constantes, pero sí de nuevo, solo la subsistencia. Por ello, estos fenómenos que hacen incidencia económica en los países como Guatemala –economía informal y las remesas–, alcanzaría al menos tres veces más éxito si las políticas públicas se orientaran a promover inversión local e internacional, responsable y ética, para que los trabajadores (as) puedan también aportar a su país todo un esfuerzo individual, familiar y colectivo.
Sin embargo, la lucha individual por alcanzar mejores condiciones de trabajo y hacer incidir con ello en el desarrollo económico del país, pasa primero porque el propio Estado respete las normas de trabajo establecidas en la Constitución y las leyes, así como en no menos importancia, aquellos tratados internacionales que emanan de experiencias comparadas de derecho al trabajo. Y cuando se habla de Estado no se trata solamente del gobierno y sus necesarios controles que debe ejercer, sino de una conciencia social que el empresariado debe alcanzar, conjuntamente con un sentido de responsabilidad y solidaridad para con sus pares trabajadores, logrando un beneficio compartido, promoviendo productividad y cumpliendo con los derechos de trabajo. Y si el Estado, en lugar de obstaculizar o ignorar su importancia, lo incentiva y promueve, el proceso fluye como el agua, teniendo ejemplos claros en todo el mundo de este tipo de resultados.