Desde la Constitución de 1985 se estableció un aporte del 3% del Presupuesto General de la Nación para el deporte. El 50% se reparte entre las diferentes federaciones deportivas y el resto se reparte entre el Comité Olímpico Guatemalteco (10%) y el deporte no federado y/o recreativo (40%).

Aunque el 3% parezca una bicoca, en realidad el deporte recibe más que la misma justicia, que constitucionalmente se regula con un porcentaje menor. Llama la atención que el deporte aparezca reglamentado desde la Constitución, la normativa más inflexible de nuestro sistema legal.

En teoría, una Constitución debe establecer la conformación del Estado, así como reglamentar los límites del poder de los gobernantes y funcionarios, estableciendo, además, los contrapesos necesarios. Pero en nuestra Carta Magna, se incluyeron otros temas que son ajenos a esta teoría. El deporte, la alfabetización y el conflicto con Belice fueron incluidos en nuestra vigente Carta Magna, no como conformación del poder estatal, sino porque eran temas de alta preocupación entre los constituyentes.

Cabe recordar, que nuestra Constitución vigente se concibió a la sombra de un Estado represivo y contrainsurgente. Los constituyentes habrían querido crear un proyecto de una Nación de posguerra. En ese sentido, supongo que se pensó que el deporte podría servir como un modelo de desarrollo, una alternativa más que viable, para la población guatemalteca, especialmente para las nuevas generaciones.

El proyecto fue muy miope, porque también debió haber incluido al arte y a la ciencia, como alternativas de desarrollo, pero en el contexto de un país deprimido y apachado por los militares, hasta es loable que los constituyentes hayan pensado en el deporte.

Sin embargo, estas extraordinarias sumas (este año fue de Q1.8 millardos para el deporte) no llegan fácilmente a los deportistas. Por ejemplo, lo que maneja este año el Comité Olímpico Guatemalteco (Q180 millones) alcanzaría para que cada atleta olímpico fuera becado con casi Q10 millones. Pero, en la práctica, esto no se realiza. Los atletas olímpicos reciben una ayuda económica de Q15 mil mensuales. Sin embargo, todos sabemos que no se lo dan. Recordemos, por ejemplo, que “nuestro” Erick Barrondo, tras regresar con la medalla de oro de los Juegos Panamericanos, salió caminando hacia la estación de bus para irse a su casa. Nadie le hizo el favor de llevarlo ni de pagarle, al menos un taxi.

Esto me recuerda que Mateo Flores a veces desistía de asistir a homenajes, porque decía que no tenía dinero para la camioneta. O bien, el caso reciente de Teodoro Palacios Flores, cuya pensión económica aprobada no le alcanzaría ni para pagar sus medicinas.

El tema es propicio, porque se dice cada cuatro años con cada olimpiada, pero se ha dicho con el sabor amargo de las actuaciones guatemaltecas en las justas deportivas. Sin embargo, hoy día que hay algarabía con la justa y merecida medalla de Barrondo, se debe pensar que se ha invertido mucho dinero, aunque la gran mayoría ha ido a parar a los bolsillos de los directivos. Y así como los guatemaltecos han hecho suya esa medalla de plata, también debemos hacer nuestras las derrotas deportivas, muchas de las cuales se han producido porque los deportistas no han merecido el suficiente apoyo económico y deportivo.

Es admirable, pues, que nuestros constituyentes hayan concebido al deporte como alternativa de desarrollo personal. Sin embargo, ahora que estamos con la algarabía de la medalla de plata de Barrondo y la buena participación de otros deportistas guatemaltecos, debemos exigir que este dinero que se entrega por mandato constitucional se utilice para fomentar a más atletas, y que no caiga en el saco roto, donde la mayoría de autoridades deportivas (quienes aceptaron el cargo en forma ad honorem) obtienen recursos para andar paseando por todo el mundo, y enojándose cuando la Contraloría quiere fiscalizar los recursos, impidiendo la transparencia, so pretexto de que el deporte es autónomo.

Y ya que este Gobierno le quiere meter el cuchillo a la Constitución, debería también pensar en este tema y reformarlo, e incluir otras alternativas de desarrollo, como el arte y las ciencias, para que más jóvenes tengan otras opciones de vida. Pero se ve que este Gobierno hace la gran alharaca cuando no hace nada (como con la despenalización o las reformas constitucionales), pero que sus verdaderos intereses los hace con la boca callada (como el tema de la Portuaria).