De las instituciones creadas dentro de la normativa constitucional vigente desde hace más de 25 años, están la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. En su momento enaltecidas cada una por el mérito de sus integrantes y conductores. Pero ahora la primera exacerbada en el cumplimiento de sus funciones, llegando inclusive a legislar, es decir más allá de su fin supremo: la defensa del orden constitucional.

El segundo consumido por unas luchas intestinas y viscerales alimentadas por hormonas cuyos ciclos mensuales alteran su esperado eficiente desempeño y ocasionando un caos innecesario. Y, finalmente, la figura del Defensor del Pueblo, opacado por su propia sed de impacto mediático.

Para esa inmensa masa de ciudadanos menores de cuarenta años, cuyo despertar a la conciencia colectiva quizás estuvo atrapado entre la apatía por lo público y el sentimiento de ajeno hacia los valores de la vida en sociedad, sonarán la CC, el TSE y la PDH como instancias propias, eternas e incólumes de nuestro ordenamiento institucional. Pero no es así. En pocos días se iniciará la discusión pública sobre el futuro de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se hablará de la necesidad de resaltar el mérito en el desenvolvimiento de la entidad. Se destacará lo relativo a un soporte fundamentado en la experiencia. También de alguna manera se planteará la desvinculación político-partidaria de aquél que resulte electo por el Congreso de la República. Aquí es importante señalar que es completamente absurdo suponer que estas importantes instituciones sean conducidas apolíticamente. Tal petición solo puede partir de un discurso demagógico propio de aquellos que se escudan tras la denominada “sociedad civil”, que en muchas ocasiones no es más que el refugio de políticos frustrados, que quizás las únicas elecciones que pudieron haber ganado en sus vidas públicas, fueron las que alcanzaron como estudiantes y que probablemente han obtenido financiamientos a la sombra protectora de intereses foráneos, bajo la supuesta defensa de una democracia en la que creen a su muy particular conveniencia.

El papel del defensor del Pueblo es fundamental para el acrisolamiento sostenido del proceso democrático. No es como esa figura de paladín y héroe que describe el jurista Ramón Cadena, ni tampoco es ese supra experto que destaca Edgar Celada O., en artículos del matutino “Prensa Libre” en su edición dominical del pasado 29 de enero. Diez años de gestión debieran ser el mejor ejemplo de una consolidación institucional que en materia de derechos humanos, a todos nos produjera la certeza de poder distinguir que la violación de éstos puede y es cometida con exclusividad por funcionarios o empleados de los entes gubernamentales, por acción o por omisión. Que cuando se producen actos abusivos provenientes de particulares o entes privados, estos son propios del ámbito penal o civil. Con diez años de gestión no habría razón alguna para seguir teniendo la sensación de que el “PDH, solo defiende delincuentes”, tal el sentir de un amplio segmento de la población. Con diez años de gestión no habría razón para la existencia de absurdos como ese “espacio” de “desjudicialización de conflictos entre particulares”.

Y tal y como apuntó el lunes 30 de enero en el matutino Siglo.21, Álvaro Velásquez, podría ser hasta conveniente para el partido oficial la continuidad del actual Procurador de los Derechos Humanos, doctor Sergio Morales. Pero sin lugar a dudas se caería en un contrasentido del estandarte de los nuevos administradores de la cosa pública al resaltar que la era del “cambio” ha comenzado. Por ello pareciera que no obstante las habilidades cabilderas de aquellos que auspician el continuismo, se toparán con un entorno que cada vez requiere de nuevos enfoques, de nuevos planteamientos. Si a la luz de lo emprendido en estos casi diez años de gestión, lo que se puede ofrecer son contrasentidos y tareas inconclusas, mal harán quienes se inclinen por la prolongación a cinco años más de una gestión que no necesariamente se caracteriza por una defensa del Pueblo al margen de otro tipo de intereses. Lo que se hace necesario e imprescindible, es el hecho de que puedan conocerse planes de trabajo. Diagnósticos institucionales sobre el estado de situación de la PDH. La necesidad de enfocar más vigorosa y participativamente la difusión de los derechos y garantías en materia de la dignidad humana. No hay que olvidar que como comisionado, la labor de defensa del Pueblo debe estar apuntalada por un plan de acción que todos merecemos conocer con suficiente antelación.