La acción penal iniciada por el Ministerio Público contra el ex fiscal ílvaro Matus luego de una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, está poniendo el dedo en la llaga porque apunta de manera directa a la estructura que adentro de la Fiscalía General de la República ha sido piedra angular de la impunidad en el país.
Obviamente la sindicación contra Matus es apenas la punta de un enorme iceberg, porque en realidad el enorme manto de impunidad que ha existido en el país no puede ser responsabilidad de una persona, sino de estructuras muy bien organizadas adentro de todo el sistema de seguridad y justicia en Guatemala. Ahora trasciende que la renuncia de Juan Luis Florido se produjo luego de insistentes peticiones que le formuló la CICIG para que atendiera la deficiencia en la investigación de casos paradigmáticos, especialmente el asesinato de Víctor Rivera, asesor del Ministerio de Gobernación, en el que está debidamente comprobada la maliciosa conducta de quienes tenían que investigar. Castresana había pedido a Florido que separara a Matus de la responsabilidad en ese caso, a lo que nunca accedió el Fiscal General, por lo que terminó forzado a retirarse mediante renuncia.
La investigación sustenta que el verdadero poder en la fiscalía durante ese período fue precisamente el abogado ílvaro Matus y existiendo pruebas de obstrucción de la justicia y conspiración en el caso de Rivera, la CICIG ha documentado el caso que, por supuesto, enfrentará aún serios obstáculos, porque no olvidemos que las estructuras no han sido totalmente eliminadas. Lo prueba la forma en que se produjo ya la reacción judicial en este caso, no sólo por la fuga de información, sino por la eliminación de cargos dispuesta por los jueces a petición de los abogados del sindicado que fueron prominentes miembros de la estructura de fiscales del MP.
No es fácil la lucha contra la impunidad en el país, pero al menos se está poniendo el dedo en la llaga. Y es que la estructura está compuesta por individuos con nombre y apellido que tienen que ser individualizados tras la investigación y ese constituye ahora un primer aporte de CICIG que, repetimos, enfrentará aún muchos obstáculos y valladares, porque tanto en niveles públicos como privados (incluyéndonos los medios de comunicación) los tentáculos de la impunidad han permanecido activos durante muchos años. El primer paso siempre es el más difícil y ahora al menos estamos ya en presencia del fruto de largas jornadas de investigación sobre cómo es que opera la impunidad en el país.