El último comunicado de los obispos de Guatemala se produce después de que la radicalización de posiciones derivada del juicio por los crímenes cometidos durante la guerra ha provocado actitudes irracionales que pretenden responsabilizar a la Iglesia Católica de Guatemala de promover el odio y la división entre los guatemaltecos. Y en respuesta, simplemente señalan la necesidad de establecer la verdad como punto de partida para el perdón y la reconciliación.
Pero ahora que se habla tanto de los acuerdos de paz y hasta se considera el juicio a Ríos Montt como una traición a esos acuerdos, los obispos marcan la verdadera traición al proceso de paz en la falta de cumplimiento de los acuerdos que pretendían superar los temas que fueron causa del conflicto. Sin mencionar a nadie, los prelados de la Iglesia Católica simplemente evidencian que los acuerdos de paz no se ven traicionados por la aplicación de la ley, sino que por el incumplimiento de aquellas partes que pretendían ponerle fin a años de exclusión, de marginación e injusticia que fueron el caldo de cultivo para una confrontación que, aun enmarcada en el conflicto Este-Oeste, fue posible porque en nuestro país existían condiciones reales de insatisfacción.
Hoy en día vemos que esas condiciones han variado poco porque los modelos de desarrollo que se han seguido pasan por alto los intereses y las necesidades de la población. Baste ver la forma en que seguimos exportando a los habitantes del país para que vayan a Estados Unidos en busca de las oportunidades que no se les dan en su propia tierra para entender la injusticia. Y si a ello agregamos que al migrante, que es el motor y columna vertebral de nuestra economía, se le trata con desprecio al punto de que hasta se les quiere sangrar haciendo negocio con el Documento de Identificación Personal (DPI), debemos entender que algo anda muy mal en nuestro esquema social.
Ciertamente hay tensiones y conflictividad en Guatemala, pero ello tiene mucho que ver con la ancestral indiferencia que se ha tenido por las necesidades de la gente más pobre y esa tendencia a criminalizar la protesta social, el reclamo por justicia. Pasa con la minería y ahora sucede también con la búsqueda de justicia que hacen los ixiles que se consideran víctimas de una agresión desmedida del Estado y de sus autoridades, tolerada en gran medida porque la estructura racista de la sociedad nunca se conmovió ante las masacres que se cometían contra pueblos indígenas.
Por todo eso, los obispos ponen el dedo en la llaga cuando hablan de la verdadera traición a la paz.
Minutero:
La Conferencia Episcopal
ve en la falta de justicia
y en la brutal avaricia
la raíz de nuestro mal