La iniciativa surgió en tiempos de Portillo y se concretó, luego de un proceso para calificar la constitucionalidad de la Comisión, en el gobierno de Oscar Berger. No deja de ser paradoja que el mismo Portillo y la cúpula del gabinete de seguridad de Berger sean ahora objeto de proceso iniciado por la misma Comisión. Lejos estaba Portillo de suponer que la original CICIACS, que luego se transformó en CICIG, serí­a la encargada de investigarlo a él y a los grupos paralelos de militares. Lo mismo pasa con Berger, puesto que Eduardo Stein fue posiblemente el más firme impulsor de la CICIG y ahora la critica por las acciones dirigidas contra quienes tuvieron que ver en la toma de Pavón.

El gobierno actual, en cambio, se benefició ampliamente de la investigación realizada con motivo del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, puesto que el trabajo de la CICIG permitió establecer lo que habí­a ocurrido gracias a una investigación muy seria y profesional que, sin embargo, tuvo un alto costo en la credibilidad de la Comisión porque aún al dí­a de hoy hay gente que piensa que Castresana ayudó a Colom a librarse de la crisis polí­tica y que eso fue una especie de pacto entre ambos.

La cuestión es que en el tema de la impunidad realmente es difí­cil que alguien pueda lanzar la primera piedra porque es un sistema tan afianzado que unos y otros, todos de alguna manera nos beneficiamos del régimen imperante. Puede ser en cuestiones muy graves, como crí­menes de sangre o de corrupción y evasión fiscal, pero también puede ser con temas tan cotidianos como las faltas o delitos contra la seguridad en el tránsito. Es, en efecto, un juego que todos jugamos y que a todos conviene, entendiendo desde luego que a mayor poder económico, más capacidad para sacarle raja a las debilidades de nuestra estructura judicial.

Y por ello es que quienes aplaudí­an que la CICIG hubiera encausado a Portillo, ahora se resienten porque se inicia el proceso por lo de Pavón y viceversa, toda vez que los que se quejaron del caso Portillo, aplauden la orden de captura contra Carlos Vielmann. En otras palabras, volvemos a ser selectivos a la hora de pensar en la aplicación de la ley y queremos que la misma caiga con todo su peso en contra de unos, pero que no se aplique, en absoluto, en el caso de otros.

Mientras como sociedad no tengamos la actitud de pretender la más absoluta igualdad ante la ley para que todos los que cometemos algún acto reñido con ésta tengamos que enfrentar consecuencias, sin que importe nuestra posición ideológica o económica, seguiremos siendo un paí­s no sólo marcado por la impunidad, sino también por la polarización, porque nada polariza más que esa tendencia tan marcada a usar distintos raseros para juzgar situaciones que tienen tanta semejanza. Respetar la ley es una obligación y no caben excusas para beneficio de unos y escarnio de otros.