Richard Nixon, hace 42 años, aprobó la norma sobre la prevención comprensiva del abuso de drogas y su control, lo que significó reducción de penas para los adictos y más interés en su tratamiento, además de las medidas para contrarrestar el tráfico de estupefacientes. Esto último fue lo que le permitió hablar de la guerra contra las drogas como una política que se ha mantenido desde entonces, es decir, comprensiva con el consumo, pero exigente contra el narco.

En los últimos años, especialmente luego de la crueldad que sufrió Colombia y la que ahora sufren México y Centroamérica, el narcotráfico ha llegado a ser considerado, junto al terrorismo, una de las principales amenazas para la paz y la seguridad en el mundo. En otras palabras, cuatro décadas de la misma política no han disminuido el daño, sino que se ha exacerbado y generalizado, puesto que lo que empezó en Sudamérica se trasladó ahora a esta parte del mundo donde los efectos son tremendos por la débil gobernabilidad que caracteriza a estos países con instituciones muy frágiles.
 
  Ayer el Zar contra las drogas del gobierno de Obama cambió su arrogante discurso y en vez de repetir, como lo dijo en Honduras, que simplemente la despenalización no sirve, dijo que su país está abierto al diálogo y al debate sobre alternativas para enfrentar el problema. Ciertamente la postura de su gobierno es la fijada en Honduras y no la que diplomáticamente expresó en Guatemala, pero lo que no se puede negar, aunque le duela a individuos como Funes y Lobo, es que el debate está abierto y a partir de ahora hay que discutir seriamente alternativas a la política de Nixon que de tan comprensiva con los adictos, terminó alentando la demanda sin castigo para trasladar a estos países la responsabilidad de luchar contra los grupos de narcotraficantes.
 
  El debate empezó hace varios años y lo plantearon expresidentes que tuvieron la vivencia de librar una guerra desigual sin el apoyo de quienes son en el fondo muy responsables del problema. Fue un debate más bien académico, porque quienes gobernaron a sus países simplemente trasladaban sus experiencias, pero no tenían ninguna opción de colocar el tema en una verdadera mesa de discusiones.
 
  Ello creo que es lo más importante de lo ocurrido con Pérez Molina, puesto que se convierte en un gobernante en ejercicio que pone sobre el tapete la cuestión de la lucha antinarcótica cuestionando la eficiencia de la política actual. Una de las opciones propuestas es la despenalización, pero ha expuesto otras que también tendrán que discutirse porque al día de hoy la única certeza que tenemos es que la política diseñada en 1970 por el gobierno de Richard Nixon y que se ha mantenido con pequeñas variantes, no funciona. Ciertamente es bueno tener una actitud comprensiva para prevenir el abuso de las drogas, pero también debió existir una actitud comprensiva para el trato a los países que sufren el flagelo del narco. En vez de eso, el Departamento de Estado elabora anualmente una lista de países que no llegan a alcanzar la certificación, y en ese campo no existe ningún nivel de comprensión, ni siquiera para entender que estamos donde estamos porque hay demanda, porque existe un ávido mercado que requiere el suministro aunque el mismo tenga que llegar a costa de sangre derramada en estas latitudes.
 
  No creo que el debate se finiquite en la próxima Cumbre de las Américas ni en un futuro cercano, puesto que es un tema demasiado complejo y afecta demasiados intereses. Pero estoy convencido de que el debate es irreversible porque se puso el dedo en la llaga. Los términos de la guerra hasta hoy librada son inútiles, no sirven, como dijo el Zar, lo que nos obliga a replantear la estrategia.