Edward Snowden colocó el tema del espionaje en el centro del debate político de los Estados Unidos y forzó al presidente Barack Obama a asumir la necesidad de definir los límites y alcances de cualquier actividad del Estado para husmear en la privacidad de las comunicaciones de sus ciudadanos, aún con el tema de la seguridad y la lucha contra el terrorismo de por medio.
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El giro de los acontecimientos implica que todavía hay entre los norteamericanos algún respeto por los derechos fundamentales de la persona que fueron consagrados no sólo en la Declaración de Independencia y en la Constitución, sino en las sucesivas enmiendas que se hicieron para hacer más firmes las garantías de los derechos civiles.
El gobierno de Bush aprovechó el Acta Patriótica, aprobada al calor de los ataques terroristas del 11 de Septiembre de 2001, para dotar a los servicios de inteligencia, más allá de la CIA y el FBI, de facultades para espiar tanto a potenciales terroristas en el extranjero como a quienes internamente en Estados Unidos pudieran estar al servicio de Al Qaeda y cualquier otra organización etiquetada por el gobierno republicano de la época como responsable de agresiones y animadversiones hacia Estados Unidos. No se puede olvidar la forma en que engañaron a la opinión pública de su país y del mundo, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando presentaron las “pruebas” de la existencia de las armas de destrucción masiva en Irak para justificar la guerra.
En otras palabras, el uso del poder en la administración republicana fue absolutamente irresponsable y no sólo causó la muerte de miles de personas, entre soldados norteamericanos y población de Irak y Afganistán, sino que vulneró el derecho a la privacidad de los habitantes del país y forzó a las empresas telefónicas y proveedoras de servicios de Internet a proporcionar información confidencial de sus clientes para que los espías pudieran seguir pistas cuya utilidad y veracidad nadie corroboraba.
El gobierno de Obama, quien cuando fue candidato criticó los excesos cometidos por el presidente Bush en perjuicio de las libertades del pueblo, se vio atrapado por una práctica funesta y no tuvo ni el valor ni la entereza de plantear, desde hace cinco años, lo que ahora ha propuesto en términos de una política nacional para definir los límites del espionaje. Es más, la última advertencia que se hizo sobre la posibilidad de ataques terroristas contra intereses norteamericanos en el mundo, alerta que quedó levantada hoy, tiene un profundo olor a justificación de la “utilidad” del espionaje y hace que cualquier observador suspicaz dude de la información porque tiene todos los elementos como para pensar que esa alerta se produjo para demostrar cuán importante y útil ha sido esa persistente violación de la privacidad ciudadana.
El tema es ahora objeto de nuevo análisis y debate, lo cual es saludable desde cualquier punto de vista. Y saludable sería que en otros países, donde se espía a medio mundo sin orden judicial y, lo peor, sin que el Estado tenga siquiera algo que ver con las prácticas de escuchas telefónicas o de intercepción de correos electrónicos e informaciones difundidas por Internet, también pudiera hablarse del asunto. ¿Sabe el guatemalteco que hay empresas particulares que tienen servicios de recolección de datos e información que aprovechan sofisticados instrumentos para interceptar comunicaciones privadas de particulares? Nosotros sabemos que nuestras comunicaciones son intervenidas constantemente, pero no tenemos ni idea de quién está atrás de esa práctica, porque no se trata de alguna autoridad competente, sino que son veteranos expertos en inteligencia que, dedicados a la vida privada, venden sus servicios a conglomerados empresariales deseosos de estar “bien informados”.
Un debate sobre el tema no nos caería mal.