La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) volverá a examinar el miércoles el tema de los crucifijos en las escuelas, luego de un recurso de Italia, descontenta por una decisión hostil en este sentido y de clamores de protesta en la península.
En noviembre pasado, la CEDH, cuya sede se encuentra en Estrasburgo (este de Francia) había considerado que la presencia de crucifijos en las salas de clase es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y al derecho de los niños a la libertad de religión.
Desde 1984, el catolicismo ya no es religión de Estado en Italia, pero una ordenanza adoptada en la época del fascismo que impone la presencia de crucifijos en las escuelas nunca había sido abolida.
En enero, Roma apeló a su condena en primera instancia y su recurso será examinado por la Gran Cámara, que se pronunciará de manera definitiva dentro de varias semanas con la publicación de un decreto.
Una madre de familia italiana, Solie Lautsi, consideró que la presencia de crucifijos en las salas de clase a las que asistían sus hijos era contraria al principio de laicismo del Estado, presentó una demanda ante la Corte Europea, después de que la justicia de su país desestimó el requerimiento.
Según los siete jueces europeos, la cruz podía ser interpretada claramente por los alumnos de cualquier edad como un signo religioso, «signo que puede ser perturbador para alumnos de otras religiones o ateos». Los magistrados otorgaron una indemnización de 5.000 euros por daño moral a la demandante.
Este veredicto generó sin embargo una polémica y según un sondeo publicado unos días después del veredicto europeo, 84% de los italianos se declararon favorables a la presencia de crucifijos.
El jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, calificó a ese fallo de los jueces de «inaceptable», agregando que era «una de esas decisiones que nos hacer dudar del buen sentido de Europa».
El dictamen de la CEDH fue rechazado tanto por la mayoría de derechas, allegada a la Iglesia católica, como por la oposición, pues la mayoría de los italianos considera al crucifijo como un símbolo cultural más que religioso.
En Polonia, el arzobispo de Gdansk, Slawoj Leszek Glodz, denunció «una nueva tentativa para arrancar a Dios del corazón de la gente».
En España, las organizaciones que reúnen a las escuelas privadas estimaron que «si algo parecido ocurriese en España, habría que manifestar enérgicamente».
Por el contrario, la asociación España Laica pidió al gobierno que se inspirara en ese veredicto para exigir el retiro inmediato de los símbolos religiosos de los establecimientos públicos.
En Portugal, donde la presencia de crucifijos en las escuelas públicas también es sujeto de debate, Manuel Marujao, portavoz de la conferencia episcopal, comentó: «para los católicos, es un símbolo religioso, pero para los otros es un ícono contra la violencia».
La decisión de Estrasburgo también provocó debate en el Parlamento Europeo. Algunos eurodiputados conservadores llamaron -sin lograr audiencia- a votar un texto en defensa de «la libertad de mostrar símbolos religiosos en los lugares públicos, cuando esos símbolos pertenecen a la tradición y constituyen la identidad de un pueblo».
Además de diez Estados (Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Mónaco, San Marino, San Marino, Rumania y Rusia), 33 eurodiputados y asociaciones religiosas pidieron ser «participantes» en este caso el miércoles, en apoyo de la memoria que defienden los italianos.