Desde el mismo dí­a en que fue creado con la certeza de que tendrí­a una vida tan efí­mera como el perí­odo de gobierno de í“scar Berger, el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz se convirtió en pieza crucial de los ingresos del Estado de Guatemala y se sabí­a que a estas alturas tendrí­a que disponerse de un mecanismo sustituto o, en el peor de los casos, debiera ser prorrogado porque sin esa captación de recursos el fisco queda en situación crí­tica y el aumento del déficit fiscal provocarí­a tal desorden que harí­a añicos la estabilidad macroeconómica que Guatemala ha ofrecido en los últimos años.

La importancia del IETAAP hay que verla en el contexto de la importancia que tiene para un paí­s como el nuestro la adecuada captación de recursos para financiar no sólo la operación normal del Estado, sino que fundamentalmente para hacer inversión social. Y es que aunque mucha gente no lo quiera reconocer, es un hecho que arrastramos un déficit considerable en esa materia y que la ancestral falta de oportunidades para muchos de nuestros jóvenes es resultado no sólo de la inequidad social, sino básicamente de la ausencia de mecanismos públicos para beneficiar a quienes se encuentran menos favorecidos por la fortuna. Beneficios que debemos entender en términos de educación, salud y seguridad, básicamente, y que son una obligación ineludible del Estado pero que no llegamos a cumplir a cabalidad.

No puede ser que vivamos como a salto de mata cuando se trata de los impuestos y que siempre debamos sufrir sobresaltos como los generados ahora para el nuevo gobierno con la necesidad de prorrogar este impuesto temporal. Por fortuna no se ha dispuesto que la prórroga sea por otros cuatro años, porque ello significarí­a que nuevamente estarí­amos heredando el problema fiscal básico. Al decidirse en el Congreso que la vida del IETAAP será únicamente por el próximo ejercicio fiscal, tenemos cuando menos la absoluta certeza de que es imprescindible entrar a un proceso de reforma fiscal que debiera ser producto de grandes acuerdos en el marco del pacto fiscal, pero que de no lograrse así­ tendrá que impulsar el Gobierno buscando los apoyos necesarios en el Legislativo para garantizar que el Estado no se quede sin la posibilidad de disponer de fondos indispensables para el desarrollo. Hay que aceptar que ningún paí­s del mundo ha logrado crecimiento y prosperidad sin tener un eficiente y, sobre todo justo sistema de recaudación porque es ello lo que permite que la riqueza nacional pueda proyectarse, aunque sea por lento derrame, en beneficio de los que históricamente la sociedad ha marginado.