Reunidos un grupo de colegas, recordamos lo que produjo la muerte y el video de Rodrigo Rosenberg, analizamos las cuatro entregas de Rueda de Prensa en el tema y consideramos que Jorge Serrano, al publicar su libro “La guayaba tiene dueño, el secuestro del Estado de Guatemala”, emplaza, denuncia y obliga a que las instituciones judiciales procedan a investigar y si es el caso a denunciar los hechos que él presenta ante la opinión pública.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y su comisionado Francisco Dall´Anese tienen la obligación de investigar si efectivamente Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch Gutiérrez han creado una organización que ilegalmente ha secuestrado el Estado de Guatemala, manejado gobiernos, empezando por el de Óscar Berger Perdomo. Si dentro de dicho gobierno el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, el director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen y el subdirector, Javier Figueroa, con la colaboración de Víctor Rivera, crearon una organización paralela e ilegal que cometió diferentes delitos, dentro de los que destacan el asesinato de reos que se habían fugado de las cárceles, la muerte de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su piloto, el asesinato de reos en la ocupación del presidio Pavón y el posterior asesinato también de cuatro policías en la cárcel del Infiernito.

El Ministerio Público y la Fiscal General, Claudia Paz y Paz deberán investigar la denuncia que hace Serrano de si existió un rompimiento constitucional y/o golpe de Estado al remplazarlo como presidente y como vicepresidente a Gustavo Espina. Asimismo, deberá investigar la denuncia que Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch Gutiérrez han cooptado a jueces y magistrados para que no procedan ante las denuncias y hechos que les han permitido apropiarse de impuestos, utilidades y otros ingresos en contra de su socio Juan Arturo Gutiérrez, aspectos  que el libro dice han sido relatados en el Nuevo Herald del 16 de octubre de 2005, por el periodista Gerardo Reyes, en el artículo titulado “Un imperio de pollos se despluma en Miami”. Asimismo, deberá investigar y pedir la declaración del guatemalteco Mario De Águila Cancinos, quien como auditor denunció los mecanismos usados por Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch para desviar ganancias, dividendos e impuestos y si ello produjo el embargo preventivo de bienes raíces en Miami, Florida, Estados Unidos, de las personas señaladas, incluyendo cuentas bancarias en Hamilton Bank, Israel Discount Bank, Total Bank, Republic International Bank of Nueva York, Merrill Lynch, Chase Manhattan, Marine Midland Bank y Barclays Bank, más un avión Cessna Citation y un Pipper PA31T. Para aclarar todos esos aspectos debe requerir que el exministro de Finanzas Públicas, Pedro Lamport Rodil rinda declaración al respecto, lo cual, según el libro, los tribunales de Florida no han logrado. Adicionalmente debe requerir informes al Gobierno de Estados Unidos.

El MP y las autoridades monetarias deben investigar si existe fundamento a que la intervención de Bancafe, realizada durante la administración de Berger, fue ilegal, política, con el fin de perjudicar a Eduardo González hijo y a miles de guatemaltecos que perdieron depósitos y ahorros por dicha intervención en el año 2006.

En síntesis, los planteamientos y denuncias de Serrano Elías son contundentes, el ignorarlos sólo pone en peligro la maltrecha credibilidad que los guatemaltecos tienen sobre las instituciones judiciales del país.