En una tarde como esta, cuatro ciudadanos salvadoreños fueron secuestrados y posteriormente asesinados en una finca de Villa Canales; el crimen conmocionó a todo el país y tuvo efectos inmediatos en cuanto a la investigación y la destitución de altos funcionarios. Hoy se cumple un año exacto del Caso Parlacen, cuya investigación dio resultados en tiempo récord.
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Las últimas informaciones en El Salvador apuntaron que el caso había avanzado en un 90 por ciento. Las autoridades del vecino país se han mostrado satisfechas con los resultados que el Ministerio Público (MP) ha arrojado en cuanto al esclarecimiento del crimen, pese a que a un año del asesinato de tres diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto, flotan todavía algunas dudas.
Versión oficial
Edwin Marroquín, fiscal a cargo del caso, no se aventuró a dar un porcentaje del progreso del caso: «ha avanzado un alto porcentaje. Tenemos a 14 personas procesadas, ocho detenidos con auto de prisión, de los cuales ya cuatro fallecieron y hay dos órdenes de captura pendientes. La investigación ha sido bastante eficiente: Siete sindicados tienen auto de apertura a juicio. Ha sido suficiente», enfatizó el investigador.
Marroquín añadió que el caso aún se encuentra en fase de investigación: «el caso de Manolo Castillo, Geyner Barillas y Gutiérrez Arévalo sigue siendo investigado, lo cual nos puede dar posibles intervenciones de otras personas que hayan participado». Sin embargo, reconoció que no tienen información concreta en cuanto a otras personas que participaron en el crimen.
¿Hay un móvil definido?
A esa pregunta, el fiscal del caso respondió que «es el mismo: la sustracción de bienes, que venían en la camioneta de los diputados. No se ha establecido si fue dinero o droga, pero el móvil es robo», contestó.
De haber sido droga el objeto de robo, ¿significaría que los diputados traían narcóticos de El Salvador? Eso es algo que no se puede establecer porque se destruyó la evidencia cuando calcinaron el vehículo, respondió en una ocasión el fiscal.
Caso en la actualidad
Hasta el día de hoy el proceso se encuentra suspendido en cuanto a seis sindicados, debido a que el Tribunal Undécimo se ha negado a conexionar los expedientes, la fiscalía planteó un amparo para que se logre la vinculación y se lleve a cabo un solo debate.
Los agentes Luis Arturo Herrera López, de 39 años, José Corky Estuardo López Arriaga, de 28 y los dos agentes investigadores José Adolfo Gutiérrez, de 36, y Marvin Langen Escobar Méndez, quienes fueron capturados 48 horas después del crimen, fueron asesinados en la cárcel El Boquerón una semana después de su captura.
Marvin Roberto Contreras Natareno, Carlos Amílcar Orellana Donis, alias «el Chejazo»; Mario Javier Lemus Escobar, (a) «Yegua arisca»; Obdulio Estuardo de León Lemus, (a) «el Gato»; Linda Aura Castillo Orellana, Vanner Adílcar Morales Silva y Carlos Humberto Orellana Aroche son los actuales implicados ligados a proceso por los delitos de asesinato, asociaciones ilícitas y conspiración.
Percepción
Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia (Sedem), consideró que apresuradas las afirmaciones sobre el caso: «no se ha clarificado a plenitud la responsabilidad de los autores intelectuales ni se ha identificado a los responsables de la muerte de los en El Boquerón», refirió.
La analista agregó que «no existe una versión aceptable del móvil y de la realización del crimen; ni claridad sobre la participación de las anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación vinculadas a grupos clandestinos en la estructura», aseveró.
Hernández ejemplificó: «hay otros casos; es inaceptable que habiendo estado ya casi dos períodos en el MP el Fiscal General haya sido incapaz de avanzar en el proceso contra los criminales genocidas».
Pablo Villeda, de la Misión Internacional de Justicia, opinó que tienen la expectativa de que se pueda mostrar el mismo grado de empeño y profesionalismo que se dio en el caso del crimen contra los diputados «en el resto de crímenes, por ejemplo en el de los pilotos.
El entrevistado agregó que el caso Parlacen «podría ser una forma de enviarle un mensaje a las maras y el crimen organizado sobre que la ley se tiene que respetar y que es posible responsabilizar a los autores de los crímenes».
«El asesinato evidencia penetración de mafias organizadas en la Policía «.
José Luis Chea,
embajador en El Salvador
Rodolfo Delgado,
fiscal salvadoreño
Jorge Villacorta,
diputado por El Salvador
Los crímenes contra la vida son los más recurrentes en el país, lo cual recarga el trabajo de la fiscalía a cargo de dichas investigaciones. Organizaciones de la Sociedad Civil han informado que más de seis mil personas son asesinadas violentamente en el año.
A continuación algunos casos internos, con vínculos políticos y cuyo resultado investigativo no parece estar cerca del caso actualmente expuesto:
6 de abril de 2006, Mario Rolando Pivaral, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, fue asesinado frente a la sede del partido. Dos años después el MP sólo ha logrado individualizar a Luis Cruz Cho Tut, quien enfrenta debate oral y público por dicho crimen pese a haber sido amparado por la Corte de Constitucionalidad.
10 de febrero de 2007, í‰lmar Palma Lemus fue asesinado de cuatro disparos; dos en la cabeza y dos en el tórax. Buscaba ocupar la silla edil del Atescatempa, Jutiapa, en las anteriores elecciones por el entonces partido oficial Gran Alianza Nacional. Existen testigos del crimen que no se han querido identificar.
29 de agosto de 2007, Clara Luz López, candidata a concejal de Casillas, Santa Rosa, por el Partido Encuentro por Guatemala, regresaba de visitar a su padre de un hospital de la región cuando fue interceptada y le dispararon en 17 ocasiones. El MP descartó el móvil político y la investigación se inclinó hacia razones pasionales.