Como financistas de campaña, vinculados a candidatos a cargos públicos y observadores expectantes del proceso, los grupos del crimen organizado participan de las elecciones generales. Informes, analistas y una investigación sobre el tema explican cómo estas estructuras se relacionan con la polí­tica e inciden en los comicios.

El Primer Informe de Observación 2011 del Mirador Electoral, presentado por Acción Ciudadana (AC), alertó con voces de preocupación cómo en el contexto de la campaña polí­tica, la inversión en publicidad de los partidos supera con creces el lí­mite fijado por el Tribunal Supremo Electoral, pues a la vez que se nota una inversión que rebasa ampliamente los presupuestos presentados por las agrupaciones partidistas al TSE, se evidencia también la intención de ocultar la fuente de financiamiento.

Las declaraciones sobre el origen de sus fondos, entregadas por los partidos polí­ticos al TSE, enumeran nombres, pero en la mayorí­a de los casos se omite explicitar los montos exactos con los que cada financista contribuye, de acuerdo con la publicación y una verificación de La Hora.

 De esa forma, Acción Ciudadana alerta que “esta falta de claridad da pábulo para pensar que esas contribuciones vienen de fuentes ilí­citas que, en caso de resultar triunfador el candidato o partido que se financia, implicarán cargas para el Ejecutivo, el Congreso de la República y las diversas corporaciones municipales, que comprometerán seriamente su gestión. Este tipo de financiamientos no declarados tiende a corromper la gestión pública”.
 
En tanto, la organización In Sight –dedicada al análisis del crimen organizado en las Américas–, por medio de un comunicado, denuncia los indicios de ví­nculos del crimen organizado en campañas, principalmente por los asesinatos cometidos en contra de candidatos a cargos públicos en el 2011; “estas podrí­an ser las elecciones más polarizadas de Guatemala, superando el 2007, año de elecciones mortales, con al menos 40 asesinatos de candidatos, miembros de los partidos, asistentes de la campaña y sus familiares”, refiere un comunicado.

Mientras que un informe del International Crisis Group (ICG) señala que una de las razones principales de la espiral de violencia contra candidatos de elección a cargos públicos, es el alcance del crimen organizado en la polí­tica.

El informe resalta que la debilidad de las instituciones guatemaltecas, especialmente de los partidos polí­ticos, es la falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre el financiamiento de sus campañas polí­ticas, razón por la cual los polí­ticos buscan a grupos criminales y redes ilí­citas que operan en Guatemala, para el financiamiento de sus campañas.

Según los informes, si bien es cierto el crimen organizado juega un papel importante durante un proceso electoral, el principal objetivo de éstos y que los vuelve evidentes durante las temporadas de campaña, son los alcaldes; esto se debe a la influencia que tienen sobre las fuerzas de seguridad, al momento de determinar la polí­tica de seguridad local.

RED DE INTERESES

En el libro “¿En el umbral del posneoliberalismo? Izquierda y gobierno en América Latina”, de Carlos Figueroa Ibarra, se encuentra el apartado Las alianzas electorales, que explica en buena medida la vinculación entre polí­ticos y estructuras paralelas.

“Difamaciones aparte, el hecho cierto es que en una sociedad como la guatemalteca, en la que coexisten poderes formales e informales, grupos surgidos en el contexto de la guerra sucia impulsada por la contrainsurgencia, las alianzas que se hacen para ganar las elecciones transitan por diversos niveles, algunos de ellos subterráneos y no necesariamente visibles”, refiere la publicación.

“Desde una frí­a perspectiva polí­tica puede decirse que en una sociedad como la guatemalteca, nadie que no esté dispuesto a articular tan compleja red de intereses puede llegar a gobernar al paí­s”, puntualiza

PARTICIPACIí“N ACTIVA

Renzo Rosal, analista polí­tico independiente, dice que “sin lugar a dudas” el crimen organizado tiene una participación activa durante el proceso electoral; las redes del narcotráfico y las redes de criminalidad en general tienen un doble perfil, un doble sentido económico, dice.

Explica el analista que se trata de actores económicos, por el tipo de negocio que realizan “y por la necesidad que tienen de interactuar con el aparato público y con los actores de poder, evidentemente participan activamente de los procesos electorales”. 

El analista destaca que no solo en Guatemala, sino en otros paí­ses de la región, pues la experiencia colombiana y mexicana refiere que durante los procesos electorales esos grupos tienen una lógica particular, porque tratan de infiltrarse activamente en los partidos polí­ticos, aprovechando su precariedad, “porque a final de cuentas son de donde provienen los nuevos funcionarios públicos, tanto a nivel de gobiernos centrales como de gobiernos locales, así­ que bajo esas lógicas, a las redes de criminalidad, incluidas el narcotráfico, les interesa especialmente involucrarse en los procesos electorales”.

El involucramiento de estos grupos tiene varios fines, señala el analista, pero uno fundamental es tratar de utilizar las debilidades de los partidos polí­ticos para posicionar a sus operadores en espacios públicos que les son de interés.

Durante el proceso electoral “obviamente les interesa lavar plata”, esto porque el dinero que aportan a los partidos naturalmente está exento de impuestos y es parte de un sistema adecuado y efectivo para el lavado.

“A esas redes de criminalidad les interesa mucho las elecciones para posicionar operadores a nivel de gobiernos locales, operadores a nivel de diputados en el Congreso de la República y por supuesto, operadores en el partido que gane las elecciones, en el Organismo Ejecutivo”, agrega

“A la hora de hacer gobierno afecta muchí­simo, porque se compran a las instituciones, ya no interesa la dinámica pública como tal, sino lo que interesa es ver los intereses de esos públicos, que fue a quienes yo me veo obligado a defender, porque son los que están contribuyendo en mi campaña, así­ que se desnaturaliza y por lo tanto, se debilita considerablemente la gestión del Estado”, puntualiza Rosal.

NO HAY EVIDENCIAS

Para Marco Antonio Barahona, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Polí­ticos (Incep), lo que se tiene en Guatemala son evidencias de otros paí­ses, dado lo que ha ocurrido en Colombia y en México; en esos dos paí­ses ha habido fuerte presencia del “narcopoder”, porque el narcotráfico solo es de referencia al movimiento de drogas, al tráfico de drogas; pero el “narcopoder” habla de un poder paralelo oculto.

“A mi juicio” indica el analista, no se puede descartar que en zonas y en áreas con poca presencia de las fuerzas del Estado, estos grupos ostentan poder y recursos, se supone que en zonas fronterizas con México, Huehuetenango, San Marcos; con el Salvador y con Honduras, Zacapa, Chiquimula, Izabal, Jutiapa; y también del norte de Guatemala que colinda con México, como serí­a Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén, “se especula que ahí­ hay presencia de grupos vinculados con el negocio del narcotráfico, del narcopoder”.

En cuanto al supuesto involucramiento durante el proceso electoral, Barahona agrega: “les interesa en época electoral apoyar a gente que pueda quedar electa, que va a favorecer sus intereses, que se va a hacer de la vista gorda o va a mirar hacia otro lado cuando ellos pasen por ahí­; no va a aplicar la ley ni la justicia”.

Misma opinión comparte José Dávila, miembro de la Coalición Civismo Electoral, quien indica que esos grupos del narcotráfico, crimen organizado, tratan de influir en los procesos electorales disfrazando financiamiento a polí­ticos, sobre todo locales para tener ventaja.

“Pero por el momento digamos, no ha habido investigaciones sobre eso y es difí­cil obtener pruebas, sin embargo ya sabemos que es un peligro latente y no se puede descartar que haya dinero ilí­cito, que hayan penetrado ellos en el proceso electoral”, finalizó Dávila.