Son tantos los delitos que se cometen a diario, pese a la seguridad y seguimiento de los casos, y a su vez los grupos del crimen organizado operan con impunidad dentro de los cinco centros penales del paí­s.

Dentro de los reclusorios se planifican y organizan secuestros, robo de vehí­culos, ejecuciones, extorsiones y venta de drogas; sin embargo, autoridades que buscan combatir ese problema detallan que una de las acciones que se toman son los traslados de reos hacia lugares como el Centro de Detención Preventiva, zona 18; la Granja Penal Pavón, Fraijanes; el Infiernito, Escuintla; la Granja Penal Cantel, Quetzaltenango, y El Boquerón, Santa Rosa, prisiones que se encuentran bajo la mira de las autoridades, luego de que se detectara gran parte de los delitos cometidos por bandas organizadas y que a la vez son coordinadas desde esas cárceles.

Pese a las detenciones de delincuentes que realiza la Policí­a Nacional Civil, estos aun siguen operando tras las rejas, por lo que el Ministerio de Gobernación ve que esas acciones delictivas se han intensificado en los últimos meses.

Los principales lugares con repunte de secuestros son la capital, San Marcos y Quetzaltenango, que tienen su origen en la cárcel El Infiernito, donde están recluidos los jefes de algunas de las bandas.

La semana pasada, por medio de una acción que realizara la PNC, se desarticuló una fuerte banda dentro del Centro de Rehabilitación Pavoncito, en donde se obtuvo información de que dos reos eran quienes habrí­an dirigido las extorsiones, siendo David Ricardo Ortega y Manuel Antonio Barrios Pérez, quienes se encuentran purgando condenas por plagio, secuestro y tráfico de drogas.

Traslados

Según Margarita Castillo, directora del Sistema Penitenciario (SP), las denuncias que los propios reclusos presentaron en la dirección, las que fueron canalizadas por medio del número telefónico 110 de la Policí­a, sirvieron como base para la investigación.

«Los traslados son la medida más inmediata que tenemos, ya que las investigaciones penales llevan más tiempo, y en muchos casos los denunciantes ya no se animan a declarar ante el fiscal», afirmó Castillo.

Es preciso que exista una prisión de máxima seguridad, debido a que el cambio de cárcel no soluciona el problema, recalcó la funcionaria.

Uno de los principales casos que se ha detectado en las prisiones son los asesinatos por encargo, siendo estos los delitos más graves que están siendo gestionados desde los penales. Estos casos suelen generarse desde centros de detención preventiva.

Dentro de las acciones que toman estos jefes de los grupos está el de contratar a un reo que acaba de ser detenido, para que cuando salga lleve a cabo el ’ajuste de cuentas’. Desde algunas cárceles, también, es donde se organiza el robo de vehí­culos, que varí­an en algunos casos, ya que depende de dónde estén recluidos los jefes de esas bandas.

Estas situaciones han obligado a las autoridades de Presidios y de la Policí­a a reunirse una vez a la semana, para analizar todas las denuncias y los casos, y en consecuencia definir qué presos tienen que ser trasladados.

«Sin la tecnologí­a de seguridad y sin nueva infraestructura es complicadí­simo mantener a estos grupos inactivos», sentenció Castillo.

Faltan planes

Según Carmen Aí­da Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, el problema de los penales y de la seguridad en general, es que no hay un combate sostenido ni una estrategia integral diseñada para el mediano y el largo plazos.

«Lo que le han dado a la opinión pública son hechos coyunturales, porque éstos causan mucho revuelo, como la toma de la Granja de Rehabilitación Pavón, pero luego se retiran las fuerzas de seguridad y dejan la situación inconclusa, por lo que las redes vuelven a unificarse», agregó.

Ibarra aseguró que las cárceles están en esa situación desde hace décadas, y por más que este gobierno haya querido dar a entender que estaba solucionando el problema, no ha sido así­.

«El próximo gobierno tendrá que llevar a cabo una estrategia integral, y otorgarle el presupuesto suficiente para implementar las medidas de seguridad», señaló.

La analista afirmó que «la falta de coordinación» de la Policí­a, Presidios y el Ministerio Público para efectuar las investigaciones de lo que sucede en los penales es «imperdonable», debido a que la falta de interés y la complicidad que se maneja por parte de algunas autoridades, permite que este flagelo continúe.

Finalmente Ibarra añadió que es lamentable que a pesar que el Estado tenga y existan los recursos para frenar esta problemática, se deben tomar medidas drásticas, y que estas a su vez tengan sostenibilidad, en medidas integrales que permitan al Estado recobrar el control y desmantelar estas bandas.