En febrero del año 2010, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG, dio a conocer un informe sobre las adversidades que rodean la lucha social en defensa de la vida, y particularmente el ejercicio de la libertad sindical.
En Guatemala, estas acciones nunca han sido sencillas, pues a lo largo de la historia casi siempre han sido reprimidas con la violación de los derechos humanos.
El documento recordaba que, de hecho en Guatemala la libre sindicalización no fue reconocida sino a partir del año 1947 durante el gobierno democrático del doctor Juan José Arévalo Bermejo.
Desafortunadamente, tras el derrocamiento en 1954 del gobierno nacionalista del Coronel Jacobo Árbenz Guzmán, mediante una invasión armada de mercenarios organizada por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, con el auspicio de la empresa bananera norteamericana United Fruit Company, la libertad sindical comenzó a enfrentar un panorama totalmente adverso.
El gobierno de Carlos Castillo Armas, producto de esa invasión, emitió una serie de decretos para coartar la libre sindicalización de los trabajadores, marcando el inicio de un proceso destinado a la eliminación de la protesta social y del sindicalismo como interlocutor de la sociedad. Desde entonces, con pocas excepciones, los distintos gobiernos han mantenido esa vergonzosa política.
Con la firma de los Acuerdos de Paz y la finalización del conflicto armado en diciembre de 1996, se suponía que podrían desaparecer o disminuir los actos en contra de la libertad de organización sindical. Sin embargo, eso no fue así, y la expresión asumió nuevas formas de represión que se mantienen hasta el presente.
Las bombas lacrimógenas y la furia con que la Policía del actual gobierno del general Otto Pérez Molina, ha disuelto las manifestaciones de los estudiantes normalistas en su lucha por defender el derecho a la educación, y su postura de acallar las protestas sociales por el saqueo de los recursos naturales a través de la explotación minera a cargo de empresas de capital extranjero, son ejemplos irrefutables de la vigencia de esa política.
Las diferentes organizaciones sindicales, han denunciado que durante los primeros tres meses del año en curso, se ha producido un recrudecimiento de la persecución de líderes sociales, con el saldo trágico del asesinato o el secuestro de varios de ellos, dentro del marco de una total impunidad en plena vigencia de la política de derechos humanos y ante las narices de la comunidad internacional.
El actual gobierno del Partido Patriota, pasará a la historia con el triste mérito de haber puesto en marcha una política de criminalización contra la protesta social.