Desde hace muchos años se identifica a una región en el norte de nuestro país como parte de Guatemala, aunque solamente se realiza para efectos históricos, puesto que ni soberana, ni técnica, ni legalmente puede decirse que ese territorio, cuyo nombre es Belice y que ha sido reconocido internacionalmente, inclusive por la Organización de Naciones Unidas, pertenece o perteneció a Guatemala.
Los elementos históricos parecieran ser irrefutables, tanto es así, que ni siquiera Belice como Estado reconocido los ha querido negar. El antiguo litigio entre Gran Bretaña y España se mantuvo durante la etapa posindependiente en América, y el territorio beliceño obtuvo su independencia de los ingleses, sin ni siquiera voltear a ver aquel añejo conflicto con los españoles. Y es que era más que natural en la época contemporánea del siglo XX, luego de que ya eran pocos los territorios que aún permanecían como colonias, que los ingleses liberaran a Belice de ese vínculo legal, luego de haber generado todo un vínculo cultural (idioma, costumbres, e influencia política).
En la última parte del siglo pasado, el expresidente Serrano decidió iniciar relaciones internacionales con el vecino territorio, a pesar de que Guatemala mantenía un reclamo formal por el territorio ante la Organización de Naciones Unidas, lo que provocó una automática renuncia a dicho reclamo, habiendo trasladado a ser solamente un reclamo sobre áreas limítrofes y derechos de suelo y subsuelo, es decir un simple diferendo territorial. Indudablemente esta acción fue un ostensible error, cuyo costo fue notorio en todo el mundo, al completarse el ciclo y requisitos que la ONU y el derecho internacional requiere para la declaración formal y reconocimiento de la soberanía de dicho Estado. El diferendo territorial entonces, busca ahora alcanzar la delimitación de territorios, y los derechos de cada uno de los Estados vecinos, sobre una salida al mar, entre otros temas.
Este reclamo ha pasado ya por muchos años, con comisiones especiales y viajes, con la colaboración de países amigos y la OEA como mediador, sin éxito de alcanzar un acuerdo favorable para ambos países. Pero ahora, cuando ya todos los caminos de mediación han terminado insatisfactoriamente, se persigue una decisión judicial a nivel internacional, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, máximo ente de justicia internacional, dependiente de la ONU. Este paso, aunque parece ser sencillo, es extraordinariamente oneroso, y largo, lo que motiva a cuestionar si un país como Guatemala lo necesita, ante sus múltiples carencias en materia de desarrollo. Y es que llevar un proceso de esta naturaleza hasta el foro internacional de La Haya, requiere de un grupo jurídico de mucha experiencia que regularmente tiene honorarios muy altos. Claro está, esto es si se quiere obtener un fallo favorable. Y ese paso es solamente el gasto final, que no garantiza nada más que obtener un fallo moral, que obligue a los dos Estados a negociar mediante un tratado, los mecanismos necesarios para ser buenos vecinos y colaborar ante todos los foros internacionales comerciales, de seguridad, de soberanía, etc. Interesante va a ser conocer cuánto costará la consulta popular que se persigue realizar, como requisito previo para llegar a someter el caso a la Corte Internacional de Justicia en Holanda. ¿No podría ser usado ese dinero para escuelas, centros de salud, sistemas de seguridad o para mejorar las terribles estadísticas en materia de hambruna, mortalidad materna, y desnutrición?
Someter el caso a la jurisdicción internacional sin duda finaliza un proceso largo de conflictividad internacional, pero que debe ser entendido como la ausencia de capacidad de negociadores gubernamentales e internacionales durante años, para alcanzar un buen acuerdo con un país vecino, cuyo reclamo internacional se perdió o quizá nunca se tuvo.