Ayer la Superintendencia de Administración Tributaria admitió una baja considerable en los ingresos en las aduanas con relación a lo que se tenía presupuestado para este año. Los expertos analizan y dan muchas razones para la baja, destacando entre ellas una especie de recesión económica que ha disminuido la demanda de bienes importados, lo que afecta la captación de ingresos en los diferentes puestos de aduanas que tiene el país.
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Sin embargo, nadie habla de lo que significa el contrabando en Guatemala como una práctica absolutamente común y que se mantiene en forma por demás descarada. Mientras que la SAT centra sus esfuerzos y controles en cuestiones inútiles como la revisión del equipaje de prácticamente todos los pasajeros que entran por la vía aérea, en los puertos los contenedores pasan con la misma facilidad que lo hacen los diputados en esa misma aduana en La Aurora, es decir como pedro por su casa. Familias que viajan con niños son sometidas a un enorme escrutinio para detectar los bienes que traen en sus maletas, pero los grandes comercios que todo mundo sabe que abastecen sus bodegas con mercadería que ha sido ingresada sin pagar impuestos, siguen haciendo el negocio con la complacencia de autoridades que no sólo saben cuáles son esos negocios, sino que también saben quién les entra la mercadería y exactamente cuál es el procedimiento para burlar a los vistas o, para decirlo mejor, para comprar a los vistas.
No vaya a creerse que lo que se quitan de impuesto de importación esos comerciantes inescrupulosos se traduce en baja de precios al consumidor, porque lo que pasa realmente es que eso incrementa sus ganancias y deja saldos para repartir entre los operadores del negocio del contrabando que es en verdad millonario.
Da risa ver que los expertos se quiebran la cabeza tratando de explicar por qué es que los ingresos aduaneros nunca llegan a lo previsto, suponiendo que es efecto de la crisis en el mercado mundial o de una baja de las importaciones. La verdad es que no hay tales, puesto que lo que tenemos es un descarado modelo de contrabando que se ha perfeccionado a lo largo de muchos años y que no ha sido controlado por ningún gobierno.
Los industriales del país están todo el tiempo insistiendo en que se establezcan controles aduaneros más eficientes sin obtener ningún resultado porque, como digo, se trata de un negocio multimillonario que se nutre por la complacencia de mucha gente, entre ellos empresarios y servidores públicos que han hecho del trasiego en los puntos fronterizos y puertos un hervidero de corrupción que, por cierto, es también aprovechado por quienes ingresan o sacan mercadería ilegal como los narcóticos y estupefacientes.
Porque una vez abierto el chorro del negocio sirve para cualquier fin que se les pueda ocurrir. La clase de producto que se contrabandea tiene relevancia nada más en cuanto a la fijación de las tarifas especiales que hay para voltear la vista para otro lado cuando va un contenedor que tiene mercadería que pasa sin registro ni control.
Las estimaciones que se han hecho sobre el impacto fiscal que tiene el contrabando son terribles porque el país podría resolver muchos de sus más serios problemas si tan solo se ejerciera un control efectivo del comercio exterior. Sin embargo, Guatemala no es un país en el que las autoridades se preocupen por esos detalles sino que medio mundo anda viendo cómo le saca raja a la situación y la corruptela se convierte en un instrumento ideal para que particulares y empleados públicos se repartan la vaca.