La entrada y salida de materias primas, de productos terminados a los diferentes países de forma clandestina, sin el pago de los aranceles que las diferentes naciones establecen, es contrabando. También lo es la subvaloración al importar esos mismos productos con el objeto de pagar menos impuestos.
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La historia del contrabando se inicia desde que existen las fronteras que establecen y delimitan los territorios de los países. La colonización de América se vio afectada también por la importación y exportación ilegal de productos. El estímulo es el beneficio que obtienen los comerciantes, los industriales, los productores y los funcionarios públicos que se benefician del diferencial de precio que implica el llevar o traer mercaderías sin el pago correcto de impuestos.
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Guatemala permanentemente se ha visto afectada, al igual que cualquier otro país del mundo, por el contrabando. Debemos saber diferenciar que quienes se dedican a esta actividad tienen o merecen diferentes categorías.
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Los pobladores de las áreas limítrofes cruzan la frontera y compran alimentos, medicamentos, vestuario o productos terminados para su propio consumo. Siempre y cuando lo hagan por pequeñas cuantías, al regresar con esos productos al país, están efectuando una internación de bienes que si no rebasan una pequeña cantidad de valor no son contrabando. Distinto es cuando ya lo hacen de forma sistemática para poder revender los productos y gracias a la diferencia de precio, entre uno y otro país, sea porque en el país de internación los artículos se producen a mayor precio o por tener barreras arancelarias inadecuadas se venden a mayor precio del que debía de hacerse, el diferencial entre los precios estimula esa internación o contrabando de tipo hormiga. Claro que miles de hormigas sumadas son iguales a la internación al por mayor que también hacen comerciantes, industriales y vendedores de servicios.
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En el país es sabido que miles de personas han participado en la internación y a veces en la exportación ilegal de materias primas y productos terminados, muchas de estas personas para asegurarse la facilidad de la importación o exportación ilegal pagan un porcentaje a funcionarios públicos.
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En los últimos gobiernos se han importado millones de millones de galones de combustible, miles de furgones  con materias primas y productos terminados. Algunas veces la importación se hace aparentando que el producto va en tránsito hacia terceros países.
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Si se pudiera establecer cuántos furgones, cuántos contenedores han entrado en cada aduana con póliza en tránsito y no han llegado a Honduras, El Salvador u otro país, el Gobierno podría reclamar multimillonarias cantidades. Si se pudiera también saber cuántos productos se han subvalorado o cuántos furgones o contenedores se han ingresado adulterando el número de unidades que realmente contienen se triplicaría o cuadruplicaría los impuestos que se debieron haber recaudado.
¿Quién es más responsable? El que paga por contrabandear o el que cobra por permitir que se contrabandee. Los dos son culpables, los dos son responsables pero sin duda alguna mucho mayor beneficio recibe el que ha encontrado como modo de operación el pagar por el ingreso de un furgón, un contenedor o un tanque a funcionarios públicos individual o colectivamente organizados.
Continuará.