El 16 de abril de 2009 FASA publicó un plan de compensación a través de descuentos y reembolsos por los precios pagados demás a los clientes que hubieran comprado alguno de los 222 medicamentos, el plan está vigente hasta que se devuelvan US $4.4 millones. En enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a farmacias Cruz Verde y Salcobrand reconociendo la colusión de ambas cadenas y multando a cada una con el máximo permitido por la ley a una suma de 20 mil unidades tributarias (UTM), equivalentes aproximadamente a US $20 millones más costas procesales, sentencia que fue apelada ante la Corte Suprema, la cual por resolución número 74239 rechazó confirmando la sentencia dictada por el TDLC consistente en multa de 20 mil UTA, unos US $20 millones de dólares a cada una de las cadenas farmacéuticas más costas procesales.

Sin perjuicio de lo resuelto y ejecutoriada la sentencia dispuso que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía Nacional Económica con el objeto que se concluyan las pesquisas, se investiguen integralmente los hechos y se decida lo pertinente en relación con la participación de los laboratorios y distribuidores, disponiendo si procediera las medidas correctivas o prohibitivas pertinentes.

Por otra parte, suspendió temporalmente el juicio contra diez ejecutivos de las cadenas farmacéuticas acusados por colusión de precios. Como una salida alternativa, el Juez podía determinar que los ejecutivos deben donar 230 millones de pesos chilenos a instituciones de beneficencia.

Evidentemente hay una gran diferencia entre lo actuado en Chile versus Guatemala en un tema de colusión y aumento de precios tan similar. Cómo pueden todos los diputados continuar ignorando esta gravísima situación de desnaturalización y abuso de la libre competencia, en perjuicio de todos los consumidores, cómo pueden el Presidente y la Vicepresidenta de la República pretender decir que están gobernando en pro del bien común y dentro de un Estado de Derecho, y cómo pueden continuar en sus puestos los Ministros de Salud y Economía después de la evidencia señalada y publicada en Guatemala.

La sociedad civil representada por la Conferencia Episcopal, la Asociación de Iglesias Evangélicas, las universidades, pública y privadas, y las diferentes instancias de organización existentes en el país deben de requerir que existan las leyes que garanticen la libre competencia, la protección del consumidor, la fiscalización del mercado, el derecho a la vida.

Si el Congreso de la República no es capaz de crear la figura de un procurador que proteja al consumidor, una organización eficiente y pronta que supervise e impida los abusos al consumidor, un tribunal que conozca, juzgue y sancione con penas adecuadas como las que existen en Chile, no merecen decir que representan al pueblo, que fiscalizan y protegen para que el libre mercado funcione y que el consumidor se encuentra protegido, sabiendo que es más débil que los grupos económicos o élites que día a día incrementan su riqueza sin importarles la ética, la moral y la justicia.

¡Guatemala es primero!