Dentro de las corrientes económicas, sociales y políticas, se reconoce que la libre competencia es adecuada y conveniente. Sin embargo, el Estado, a través de los Organismos Legislativo y Ejecutivo, tiene la enorme responsabilidad y obligación de velar porque exista la libre competencia y no se abuse del consumidor. Sin ese control, sin ese contrapeso, se produce la colusión y la creación de carteles que sin ningún miramiento controlarán la oferta y establecerán los precios de los productos que mayor utilidad y riqueza les generen.

En América Latina se reconoce que Chile es una de las sociedades más desarrollada y evolucionada. En ese país los diferentes gobiernos han tenido la capacidad y el cuidado de establecer normas y entidades que velen por el consumidor, que analicen y juzguen cualquier acción o denuncia que conlleve abuso hacia el consumidor. De igual forma, la sociedad civil ha creado entidades que coadyuvan a analizar y fiscalizar los abusos que algunos grupos económicos realizan.

Lastimosamente esas estructuras no existen en Guatemala, si bien han habido algunas iniciativas de ley al respecto, no se han materializado en leyes y en organismos concretos, evidenciando que los diputados, especialmente los que han presidido e integrado la Comisión de Protección al Consumidor, “se han dormido en las cenizas” y no han sabido materializar la fiscalización y la protección que el consumidor necesita.

En los diferentes gobiernos, especialmente en el presente, el Ministerio de Economía ha sido estéril y la Dirección de Protección al Consumidor, DIACO, inoperante, sin respaldo, perfectamente podría no existir y no significaría ningún cambio en la práctica y realidad para el pueblo.

Como una comprobación de lo urgente y conveniente que es la existencia de una estructura que vele porque la libre competencia no solo sea palabras o conceptos que se sacan a la conveniencia de las élites económicas, vemos hechos que se han producido en Chile y que tienen varias similitudes con Guatemala.

El 28 de mayo de 2008, el Ministerio de Salud de Chile denunció públicamente que había detectado un acuerdo entre algunas cadenas de farmacias para subir de manera simultánea los precios de los medicamentos. Al siguiente día, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, en un comunicado de prensa, indicó que sus precios se mantenían estables y que las alzas eran decididas completamente por las farmacias.

El 30 de mayo de 2008, la Central Nacional de Abastecimiento, encargada de comprar medicamentos para la salud pública, entregó una lista de precios de medicamentos invernales en la que se encontraban diferencias de hasta mil por ciento entre los precios a los que se vendía a los hospitales públicos y los encontrados en las cadenas de farmacias. Ese mismo día, la subsecretaria de Salud Pública, Jeannette Vega; el director de la Cenabast, Mario Jerez; el director del Sernac, José Roa y el senador Guido Girardi presentaron ante la Fiscalía Nacional Económica los antecedentes que produjeron el inicio de una investigación.

¡Guatemala es primero!
Continuará.