Durante la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en Quito, Ecuador, en agosto de 2007, los gobiernos de la región analizaron dos temas de importancia estratégica: la participación polí­tica y la paridad de género en los procesos de toma de decisión, y la contribución de las mujeres a la economí­a y la protección social.

A partir de esa discusión, los paí­ses de América Latina y el Caribe suscribieron el Consenso de Quito, que reconoce el ví­nculo entre los derechos humanos, la consolidación de la democracia representativa y participativa, y el desarrollo económico y social, y reafirma que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y polí­tica, y en las relaciones familiares, sociales, culturales, económicas y polí­ticas.

La paridad constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres, resaltada en varios instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración del Milenio, que manifiesta que la mitad de la población mundial, las niñas y las mujeres, han estado sistemáticamente subordinadas y reitera el inagotable compromiso para eliminar esta desigualdad. El Informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2009, indica que la representación polí­tica de las mujeres aumenta a ritmo lento. En América Latina y el Caribe se observaron avances a partir de las elecciones parlamentarias del 2008, subiendo el promedio regional a 22%. Lamentablemente, Guatemala alcanzó un escaso 12% de mujeres en el Congreso.

Para alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal, los paí­ses de la región se han comprometido a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas, para lograr la plena participación de mujeres en cargos públicos y de representación polí­tica. Para consolidar la paridad de género como una polí­tica de Estado, el Consenso de Quito llama a desarrollar polí­ticas electorales permanentes para la incorporación de las agendas y el liderazgo de las mujeres en los partidos polí­ticos.

A partir del análisis de los mayores impedimentos para alcanzar la paridad en la región, se adquirió el compromiso de prevenir, sancionar y erradicar el acoso polí­tico y administrativo contra las mujeres en puestos públicos, y la adopción de medidas de co-responsabilidad en la vida familiar y laboral para hombres y mujeres, de manera que se generen condiciones propicias para la plena participación polí­tica de las mujeres.

La Agenda Legislativa priorizada por el Congreso incorpora la Iniciativa 4088 de reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Polí­ticos. Esta iniciativa, promovida por la Comisión de la Mujer del Congreso y un número significativo de organizaciones de sociedad civil, es una nueva oportunidad para el cumplimiento del Consenso de Quito. De ser aprobada esta iniciativa, Guatemala se situarí­a a la vanguardia de América Latina en materia de democracia y paridad. masmujeresmejorpolitica@gmail.com