Antes de tomar la decisión de escribir este texto reflexioné acerca de la conveniencia de enfocar nuevamente el tema referente a las vacantes en el Consejo del Ministerio Público, habida cuenta de que cuando el lunes abordé el caso y mencioné el nombre del abogado Julio César Rivera Clavería, no faltaron los malpensados que dijeron que era “un chaquetazo” o “un panegírico”, cuando que mi interés es que la autoridad superior de la institución pueda realizar mejor su misión en beneficio de la sociedad, en lo que incumbe a los pesos y contrapesos al interior del MP en materia administrativa.
Por su parte, aunque no se trata de un caso de extrema trascendencia, el Congreso y su presidente, diputado Gudy Rivera, tienen la oportunidad de demostrar que cuando persiguen realizar con precisión y transparencia un objetivo, lo pueden lograr si se lo proponen.
De los cinco abogados que seleccionó la Comisión Postuladora se cuenta con buenas referencias; pero yo conozco con más claridad a dos de ellos porque estoy al tanto de sus trayectorias, sin demeritar ni descalificar a los tres restantes.
De la identidad del abogado Edgar Abel López Sosa es importante su historial jurídico a lo largo de 43 años de ejercicio profesional, 28 de los cuales litigando en diferentes ramas del Derecho y dos décadas desempeñando el cargo de Cónsul Honorífico en Guatemala de la República Dominicana, lo que representa per se un reconocimiento a su honorabilidad, de manera que cuando aspiró a Fiscal General no tuvo ninguna “tacha”, es decir, no fue cuestionado por nadie.
Durante alrededor de 15 años ha sido magistrado titular y suplente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de Salas de Apelaciones y de la Sala Regional Mixta de Jalapa, sin que jamás haya sido objeto de algún señalamiento en sus actuaciones judiciales. No ha pertenecido a partido político alguno; pero sí a organizaciones cívicas y de servicio a la comunidad.
Al otro abogado de quien también me consta su capacidad e integridad es Abraham Méndez, porque coincidentemente cuando a principios de la década de 1990 fui llamado por el entonces Fiscal General Ramsés Cuestas a reorganizar la Oficina de Información y Prensa de la institución y luego estuve a cargo de esa dependencia, también fueron requeridos los servicios del criminalista citado, quien prontamente se distinguió por su diligencia y conocimientos en el ramo penal, y de ahí que tuvo bajo su dirección los que posteriormente serían conocidos como “casos emblemáticos”, como la investigación del asesinato cometido contra el político y periodista Jorge Carpio Nicolle y quienes lo acompañaban.
Posteriormente fue designado magistrado de la Sala de Apelaciones en el ramo penal de Quetzaltenango y de las Salas Regionales Mixtas de Retalhuleu y Huehuetenango, además de fundador de la Sala de la Niñez y Adolescencia, y durante los últimos años se ha desempeñado en consultorías en materia administrativa. Tampoco fue “tachado” cuando se postuló para el cargo de Fiscal General.
Desafortunadamente no tuve acceso a los números telefónicos ni a los currículos de los abogados Leopoldo Liu, Marco Antonio Cortés y Héctor Monterroso; pero si fueron escogidos por la Comisión de Postulación para el Consejo del MP, es que también reúnen las cualidades y calidades que se exigen para desempeñar las delicadas funciones que incumben a ese órgano asesor y contralor del Ministerio Público.
Compete ahora al Congreso obrar con presteza para llenar el vacío en esa institución encargado de la persecución penal pública.
(Mi asesor Romualdo Tishudo me dice:-No estés dando explicaciones de lo que decís o hacés. Tus amigos no las necesitan; tus adversarios o enemigos no te creerán, y los ignorantes no te entenderán).