En medio de la vorágine provocada por la crisis de inseguridad vivida esta semana, pasó sin mayor consideración la renuncia de los miembros del Consejo Nacional de Adopciones, presentada luego de un fallo adverso de la Corte de Constitucionalidad que anticipaba una decisión final contraria a los funcionarios que fueron nombrados por el gobierno anterior. Los miembros del CNA entendieron que su presencia en el ente afectaba seriamente el proceso para concretar las adopciones de cientos de niños guatemaltecos cuyo trámite se había iniciado y debía ser corroborado por el referido Consejo.
Fue la primera pugna planteada por el gobierno actual al desconocer los nombramientos hechos por el gobierno anterior en legítimo ejercicio de sus facultades que no expiraban hasta el 14 de enero. Es inaudito pretender que haya un anticipo en la resignación de los poderes y que un gobierno saliente deje de tomar decisiones antes del vencimiento de su período constitucional y, menos aún, si todo el alboroto es para nombrar a la esposa de un alto funcionario del gobierno entrante, como ha ocurrido con la esposa del licenciado Larios, Secretario General de la Presidencia de la República.
La Corte de Constitucionalidad puso en entredicho los nombramientos hechos por la Secretaría de Bienestar Social por considerar que fueron hechos en un anticipo de funciones porque la Ley de Adopciones cobró vigor horas después de que fueron hechos los nombramientos. En virtud de ese argumento de la CC, habrá que suponer que todo fallo que los tribunales y la misma Corte de Constitucionalidad emitan fuera de los plazos establecidos en la ley carecen de fuerza jurídica y de legalidad, porque tal fue el peregrino argumento acogido por los magistrados.
Entendemos que alrededor del tema de las adopciones hay demasiados intereses como para ver esta disputa como una cuestión irrelevante y marginal en el ejercicio del poder. Pero de entrada hay que decir que si el gobierno pretendía dar las mayores muestras de transparencia, tendría que haber evitado el menor asomo de nepotismo en la cuestión, por mucho que la licenciada de Larios haya sido parte del partido de gobierno y tenga méritos propios como profesional del derecho. Ni comentario merece la cantinflesca explicación de un viceministro de Relaciones Exteriores queriendo imitar el estilo de Ríos Montt al responder a los periodistas.
Creemos que debe fortalecerse la institucionalidad en el país y que poco ayuda el que se produzcan manotazos en contra de nombramientos que no tienen cuestionamiento legal y que se inventen argumentos para hacerlos aparecer como ilegales con tal de quedar bien con el Gobierno. Es permitido que eso lo haga un ciudadano particular que trata de quedar bien con el Gobierno, pero no una Corte como la de Constitucionalidad cuyo deber no es quedar bien con nadie más que con la legalidad del país y en este caso es más que evidente que escarbaron para encontrar los argumentos que sirvieran de palanca para la tesis gubernamental, estirando consideraciones que fueron hechas en columnas de prensa, pero que resultan legalmente muy discutibles y que los juristas tenían que haber sopesado más seriamente.
Encomio aparte merece el papel de la licenciada Hilda Morales, suplente nombrada por la Corte Suprema de Justicia y cuya designación no fue nunca cuestionada, pero renunció por considerar que se había afectado la independencia y autonomía del Consejo.