Ninguno de los diputados, a pesar de la deteriorada imagen del Congreso ante la opinión pública por el abuso en el nombramiento de su propio personal y del manejo de su presupuesto, si se respeta un poco asimismo, “como representante del pueblo y dignatario de la nación”, no debe jugar el papel de “peón” del Ejecutivo en la presente reforma constitucional.

La propuesta de reforma les da la oportunidad de demostrar que como personas electas, igual que el Presidente y Vicepresidenta de la República, deben evaluar, aprobar o rechazar cada uno de los artículos que contiene la iniciativa de reforma que la comisión ad hoc, nombrada por el Presidente, concibió y que el Ejecutivo, después de cercenarla, modificarla y socializarla, presentó al Congreso para su trámite constitucional.

Un ejemplo de independencia y de autoridad es la reforma constitucional que se sometió a consulta después de un análisis y cabildeo entre las partes y sectores, la cual fue aprobada en 1994. También es un ejemplo democrático la propuesta de reforma constitucional que en cumplimiento de los Acuerdos de Paz efectuó la comisión multipartidaria en el Congreso de la República, que convocara la presidenta Arabella Castro Quiñónez, que durante 66 reuniones, de agosto de 1997 a mayo de 1998, evaluó y buscó el consenso en cada uno de los artículos que se sometieron a consulta popular que, si bien no fue aprobada, varios de sus artículos están contenidos en la actual propuesta del Ejecutivo.

En las 66 sesiones celebradas en el Congreso de la República, es de hacer notar que participaron, por ejemplo, la actual segunda vicepresidenta Nineth Montenegro, los actuales diputados: Arístides Crespo, Baudilio Hichos, Haroldo Quej Chen; exconstituyentes como Antonio Arenales, Alfonso Cabrera, Edmond Mulet y exdiputados como Alfonso Portillo, Rosalina Tuyuc Velásquez, José Luis Mijangos, Rodolfo Mendoza, Ronaldo Porta España, Gladys Anabella de León Ruiz y el suscrito Juan Francisco Reyes López. Asimismo, participaron conocidas personas como César Barrientos Pellecer, actual magistrado de la CSJ; Gustavo Porras Castejón, Edgar Navarro Castro, Ulises Dent y otras personas, quienes representaron a todos los partidos políticos en esa comisión.

Las 66 ayudas memorias de esta comisión reflejan la forma democrática y analítica que cada uno de los artículos y temas se vieron sujetos, lo cual es un ejemplo de democracia y conciencia legislativa para determinar lo que fue la propuesta de reforma constitucional que se sometió y no mereció el voto favorable de la mayoría en 1998.
Los diputados tienen la responsabilidad y obligación que exista un procedimiento similar y que en el mismo se evalúen cada uno de los artículos propuestos, así como cualquier artículo que estimen necesario adicionar, ello no implica que la mayoría de los legisladores puedan, a su criterio, considerar que la propuesta recibida del Ejecutivo, de parte del Presidente y de su Gabinete, no sea inadecuada y por consiguiente no merezca las dos terceras partes de votos favorables y no llegue a una consulta popular, al estimarse que la gran mayoría de las propuestas pueden materializarse a través de leyes ordinarias como lo han señalado diferentes sectores y así también no malgastar más de Q300 millones de nuestros impuestos en una consulta que perfectamente puede recibir el voto de no aprobación como aconteció en la última consulta que tenía un mejor contenido y que se realizó en 1998.
¡Guatemala es primero!