El escándalo financiero por el desví­o de Q82.8 millones del Congreso de la República, que no está resuelto, mantiene levantada la voz y puesta la mirada de la opinión pública, sobre ese organismo.

Ese contratiempo, está llevando a los parlamentarios a dirigir su norte hacia la probable reforma de la Ley Interna del Organismo Legislativo Decreto 63-94, para «ordenar la casa» dicen algunos de ellos.

Desde la última semana de agosto, se vienen escuchando tambores que anuncian la necesidad de reforma integral a la norma jurí­dica, que sirve como control interno en el parlamento.

Control financiero

La ley ahora es débil o no adecuada para la época actual, porque ha permitido ilimitada discreción de los funcionarios, que se sirven de ella, para ejercer actividades no polí­ticas, que han rebasado lo económico, comentan algunos parlamentarios.

Hay consideraciones afuera y dentro del Congreso, sobre el difí­cil tema de transformación de la ley, porque hay posiciones particulares e intereses creados, pero que lo importante es la persistencia por abrir el camino hacia el fortalecimiento de las instituciones.

Las voces de los congresistas se dirigen en todo sentido sobre el tema, pero la mayorí­a ha coincidido que una simple reforma puede terminar con el problema, serí­a la creación de la figura de un gerente financiero, en quien descargar el trabajo, pero no la responsabilidad legal del presidente del Congreso.

Luis Contreras Colindres, jefe de la bancada Guatemala, dice que están firmes en que de la calle llegue la persona que debe administrar las finanzas del Congreso, «y que no sea uno o dos los que decidan que se tiene que hacer con el dinero del Congreso», subraya.

El pasado lo demuestra

Gustavo Porras, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, comenta que existe un proyecto de reforma a la Ley Orgánica, que ya recibió dictamen favorable en la legislatura pasada, el cual por ejemplo, simplifica el proceso de aprobación de la ley.

«Elimina cosas que han dado problemas como el recurso de revisión, aquel con el cual se cambiaron las tasas de los impuestos de licores, de espaldas al pleno. O por ejemplo anomalí­as, como que las leyes de mayorí­a calificada luego se aprueban por mayorí­a simple y por artí­culos», explica Porras.

Arí­stides Crespo, presidente del parlamento guatemalteco, opina: «debemos entender ese tipo de mensajes, la población nos está pidiendo transparencia.

Entonces dediquémonos a transparentar nuestro trabajo legislativo: proponer decretos, proponer acuerdos, proponer puntos resolutivos, buscar consensos, hacer nuestro trabajo polí­tico».

Mariano Rayo, del partido Unionista, indica que sus representantes mantienen una asistencia de 95% a las sesiones del pleno, por lo que respaldan que ese sea tema de reforma para que exista un control de la presencia fí­sica y sanción económica por ausencia del diputado.

En el manejo de un dato no oficial, el promedio de asistencia a las sesiones de trabajo de curul, en la legislatura pasada, se mantuvo en número aproximado de 130, únicamente la asistencia fue total de los 158 diputados, el 14 de enero dí­a de la toma de posesión. Similar situación se ha reflejado este año.

Muchos empleados

El exceso de personal al servicio del Congreso, es otro tema atribuido al desorden o desmedido poder ejercido por los funcionarios del Congreso, son otras opiniones.

Algunos integrantes de la Junta Directiva y del Sintracor, han repasado que las plazas ya son superpoblación, «ahora llega a mil 800 la cifra de trabajadores, pero la necesidad real son 800, aproximadamente», comentan.

Decisiones clave

Aní­bal Garcí­a, de Encuentro por Guatemala, opina que es urgente reformar la ley para la integración de la sala de Finanzas Públicas y Moneda: «no es posible que sean los partidos mayoritarios los que tengan la mayorí­a en esa comisión, deberí­a ser un representante de cada partido, para que el presupuesto (del Estado) pueda responder a las inquietudes de todos los partidos y pueda ser más equitativo.