El artículo 31 de la Ley del Congreso de la República permite la creación de 33 salas de trabajo con carácter ordinario. Este año se elevó a 46, pero más allá de sus nombres, el trabajo que realizan es escaso.
lahora@lahora.com.gt
Muchas personas preguntan, qué han realizado para beneficio del país, por ejemplo, las comisiones: de la Juventud; Relaciones Exteriores; Seguimiento al Plan Visión de País; Catastro y Ordenamiento Territorial; Cultura; Recaudación Tributaria; Sector Financiero; Recursos Hídricos; Reformas al Sector Justicia; Apoyo Técnico; Seguridad Alimentaria; Probidad; Vivienda, Integración Regional; Agricultura.
En promedio, cada comisión recibe Q3,000 mensuales, es decir, se erogan cerca de 135 mil quetzales al mes para las 45 salas de trabajo. El dinero proviene de los fondos de caja chica que utilizan para gastos de fiscalización dentro y fuera de la capital, análisis y dictámenes de iniciativas de ley o realización de audiencias públicas.
INDEPENDIENTE
A excepción de la mayoría de comisiones, la sala de Derechos Humanos de carácter Constitucional, elabora su propio presupuesto. El diputado Carlos Bautista dice que ellos realizaron la proyección de Q200 mil para este año, pero en su labor desarrollada hasta septiembre, han gastado solo Q30 mil.
Dentro de las actividades relevantes que desempeña esta sala se encuentra el contacto con la cancillería guatemalteca para analizar las exigencias en derechos humanos que la comunidad internacional le solicita a Guatemala que se cumplan.
Además, de acuerdo con los integrantes de la comisión, se estudia la necesidad de reformar el Código Penal debido al incremento internacional de la trata de personas, venta de niños y explotación sexual.
Por la reactivación de los linchamientos y aumento de violaciones a los derechos humanos este año, coordina acciones con la Procuraduría de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh).
«Después de ratificado el tratado contra la tortura, se necesita educar a la Policía y al Ejército, para que en el futuro no la vuelvan a cometer. Ese esfuerzo será con un seminario la semana próxima», da a conocer Bautista.
En octubre estará listo el tiraje de tres millones de cartillas para difundir los derechos y las obligaciones sobre derechos humanos. El documento será entregado a estudiantes, condenados en las cárceles, fieles en las iglesias y a la población en los 333 municipios del país, anticipa el diputado.
En poder del crimen
Javier Alfonso Hernández Ovalle, presidente de la comisión de la Defensa Nacional, dice que desde el inicio de este año han estado inclinados en trabajar el tema de la iniciativa de ley del Instituto de Previsión Militar (IPM) y la ley Constitutiva del Ejército.
El trabajo de comisión está enfocado en la desmovilización de efectivos militares que hubo en 1994 y causó un desequilibrio de la cantidad de elementos y la afectación de la situación económica del IPM.
«Quedaron algunos vacíos de poder en algunos corredores importantes del interior de la república, y allí fue donde abarcó el crimen organizado, la delincuencia común organizada y ellos están tomando ciertos poderes en esos lugares, que están afectando al pueblo de Guatemala», enfatiza el diputado Hernández Ovalle.
Recapitulación de los acuerdos de paz, porque el fortalecimiento del poder civil aún no está consolidado y está afectando la estabilidad del país, «decían que el Ejército tenía que quedarse con una cantidad de 31,243 efectivos, y ahorita tenemos 15,500 (elementos) que son insuficientes para cubrir determinadas áreas de peligro en la capital y el país» remarca el diputado.
Fiscalizado lo deportivo
La sala de deportes, presidida por Gerardo Gordillo, señala que siguieron la huella sobre las actividades ilegales de video loterías y quinielas, que ha venido desarrollando la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, (CDAG). Tema que también ha marcado, fiscalizado y denunciado la diputada Anabella de León, del Partido Patriota.
Se logró la intervención y una auditoria en la CDAG, que ya concluyó, de la cual los técnicos rendirán un informe en los próximos días, se levantará la intervención y se conocerá si hubo anomalías.
Un dictamen de la Contraloría General de Cuentas reafirma que ahora ningún funcionario o dirigente del deporte nacional podrá rehusar las citaciones. «Ellos antes aducían que no eran funcionarios públicos y entonces no hacían caso […] [?] incluso algunos de ellos, específicamente de la Confederación Deportiva Autónoma, se daban el lujo de decir que si querían venían y si no, no», explica Gordillo Marroquín.
Han fiscalizado canchas e instalaciones deportivas en Jutiapa, Huehuetenango, Santa Rosa, y se logró inversión de parte de la CDAG. Falta el compromiso de la remodelación interna del estadio Mateo Flores, donde se detuvo la concesión y privatización. Tampoco se podrán realizar actividades distintas a los espectáculos deportivos, si no se llenan una serie de requisitos extremos y consultas.
Seguimiento a la participación y la preparación deficiente de los atletas que intervinieron en las olimpiadas realizadas en China continental, y en última revisión, la iniciativa de ley del deporte para que esa actividad se convierta en una política de Estado. Incluye la creación del Consejo Nacional del Deporte (Conader), para formar deportistas desde la niñez, aspiraciones de las que adolece la actual ley deportiva, puntualiza el diputado.
«Quizá por ser bancada de oposición, no siempre hay asistencia requerida para iniciar el trabajo de la comisión de Defensa del Consumidor. Los diputados envían excusas o simplemente no asisten, eso impide dictaminar el trabajo encomendado», denuncia la diputada Nineth Montenegro.
Además, el espacio físico para trabajar es reducido. A pesar que existe un fondo de Q200 mil para adquirir equipo de computación, la Junta Directiva no lo proporciona, eso limita la labor de comisión, explica la diputada.
Sin embargo, se ha podido fiscalizar el subsidio al transporte urbano, abusos de especulación y acaparamiento en el país. La comisión hizo la propuesta de aprobar los aranceles cero para importar cierta materia prima básica para alimentación.
«Lamentablemente lo que era bueno se volvió malo, porque 82% fue comprado por una sola familia, y ahora cuestan tres o cuatro veces más los productos, pero se hizo esa propuesta para que la pequeña, mediana empresa y cooperativas pudieran acceder al arancel cero y se encargaran de la distribución», comenta la parlamentaria.
Un parlamento lleno de comisiones, sus resultados son desconocidos, juzga parte de la población consultada en las calles.
135 mil
quetzales
Gasta el Congreso de la República al mes para sostener las 45 comisiones legislativas.