Hemos visto que el Congreso baila el son que le toquen siempre y cuando ese son tenga sonido a fichas cayendo en una alcancía, puesto que debidamente “motivado” con cuestiones como el listado geográfico de obras que contempla el presupuesto, sobran votos hasta para lograr la mayoría calificada de dos tercios del total de diputados. La aprobación del Presupuesto no tuvo nada que ver con cuestiones de interés nacional ni con análisis detenidos de la forma en que se programó el gasto público, sino única y exclusivamente con los intereses económicos de los miembros del Congreso que demuestran su agilidad para lograr acuerdos cuando se toca la tecla correspondiente.

Hay que decir que, como ya es costumbre, estamos ante un presupuesto deficitario aunque en el presente las probabilidades de desfase son muy altas porque debemos recordar la notoria controversia que se dio entre el Ministro de Finanzas y el Superintendente de Administración Tributaria respecto a la metas de recaudación para el año próximo. Mientras Finanzas hace las cuentas de gran capitán y apuesta por un crecimiento muy grande de los ingresos tributarios luego de la reforma fiscal aprobada este año por el mismo Congreso, en la SAT tienen previsiones mucho más conservadoras porque estiman que el incremento de los ingresos no será tan alto. Especialmente luego de que se han dado importantes reveses en la Corte de Constitucionalidad con relación a ese paquete fiscal aprobado a trompatalega por los diputados, cabalmente como hicieron ahora con el Presupuesto.
 
 Viendo que el Ejecutivo es el que dispone de los “medios” para “convencer” a los diputados al Congreso de la República y sacarlos de su letargo, resulta claro que el responsable del estancamiento que hemos presenciado a lo largo de este año, que ha sido uno de los menos productivos en la historia del Congreso de la República, es el mismo Gobierno porque ahora nadie puede tener la menor duda de la forma en que operan los poderes del Estado y la farsa que hay respecto al tema de la independencia entre ellos.
 
 Ya quedó visto, con el tema de la elección de Presidente del Congreso, que existe una abierta y clara intromisión del poder ejecutivo en las funciones inherentes al Congreso y ahora, con esa forma expedita en que se aprobó el instrumento legal que determina la manera en que se gastan los recursos del Estado, simplemente se ratifica que hay complicidad en cuanto a la persistencia de prácticas corruptas en la gestión pública.
 
 Guatemala es un país que necesita acciones edificantes y ejemplares de sus dirigentes para propiciar un cambio social que, de otra forma, nos terminará llegando a punta de confrontaciones y para evitar eso urge prestigiar la institucionalidad democrática del país de manera que todos sepamos que existen reglas claras e interlocutores válidos que se preocupan por resolver los problemas de fondo. Pero cuando vemos que todo se arregla con pisto, con mordidas y que el Ejecutivo es corruptor al propiciar ese listado geográfico de obras como medio de pago para los sobornos que ya son parte de la práctica ordinaria de nuestro poder legislativo, no se puede sino pensar que está en práctica aquello de que hoy por ti y mañana por mí, para que los diputados sean dóciles corderitos cuando se trate de fiscalizar negocios como el del Puerto que sigue avanzando callada la boca en medio del interés ciudadano por otros asuntos como el de los sangrientos hechos de Totonicapán.
 
 Es por ello que los ciudadanos terminamos convencidos de que, desafortunadamente, nuestra clase política sólo se interesa por sus propios negocios, por amasar fortuna en cuatro años, desperdiciando la oportunidad de servir efectivamente para provocar acciones políticas que nos lleven a un futuro más pleno de desarrollo, democracia y participación.