Esta mañana vino a La Hora el licenciado Héctor Andrés Corzantes Cabrera, subdirector de Migración, quien ha sido señalado en dos notas publicadas por nosotros como responsable de actos de corrupción. En ambos casos, pero especialmente en el primero, tuvimos fuentes que pueden considerarse como «confiables», puesto que ese fue producto de una declaración de la Jefa de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la dependencia y la otra se basó en declaraciones ofrecidas por el diputado Gudy Rivera.
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El licenciado Corzantes vino acompañado de su esposa, también abogada, y me impresionó no sólo la sólida documentación que me mostraron para refutar los señalamientos, sino el lamentable estado emocional del funcionario, quien profundamente afectado me expresó que toda su vida se ha dedicado a cuidar su nombre, a actuar con ética y corrección, sintiéndose abrumado por el impacto de la denuncia en su contra. Por supuesto, me dijo, que en Migración hay corrupción, pero sostiene que todos sus actos los ha enmarcado no sólo en la ley sino en la ética. Aparte de la documentación mostrada que me pareció, insisto, profundamente sólida, su actitud me hace pensar que realmente estoy frente a uno de esos casos que le plantean a uno un profundo dilema ético.
Porque si existen fuentes responsables que señalan un acto de corrupción y a sus responsables, creo que es deber y obligación moral publicar los señalamientos. Pero no se puede descartar que atrás de una acusación como la que se formula contra el licenciado Corzantes en casos tan específicos como el del pasaporte extendido a una señora supuestamente de nacionalidad ecuatoriana, pueda haber segundas intenciones. Sobre todo porque esa señora ya había obtenido pasaporte en otra administración y lo que estaba haciendo era tramitando su renovación, siendo el caso que la ley apenas exige original y fotocopia de la cédula de vecindad, original y fotocopia del boleto de ornato y el comprobante de pago del arancel correspondiente.
La proliferación de cédulas falsas en Guatemala es un hecho incuestionable y mientras no se apruebe la ley para establecer un documento de identidad confiable, imposible garantizar que extranjeros no obtengan pasaporte guatemalteco. Nuestro país es un paraíso para quienes necesitan documentarse porque en muchos municipios se obtienen documentos legales, que no son cédulas falsas sino cédulas extendidas con todas las de ley y firmadas por los alcaldes, a extranjeros que sobornan a la autoridad municipal.
El licenciado Corzantes, no obstante que la ley apenas exige esos tres requisitos, pidió 16 adicionales a la persona interesada y toda esa documentación aún está en su despacho sin que la ORP haya investigado.
Yo sé lo que es trabajar toda una vida para cuidar un nombre y para actuar profesionalmente con apego a la ética de manera tal que nadie le pueda enrostrar a uno ninguna picardía ni acción indecente para tener la satisfacción íntima de siempre poder ver a los hijos con la mirada en alto y sentir, de pronto, que una irresponsable declaración o afirmación trata de empañar ese esfuerzo. Me acaba de pasar y en eso pensaba cuando el licenciado Corzantes, profundamente emocionado, me relataba su hoja de vida, sus empeños y sus sueños para ayudar a construir Guatemala. Honestamente intuyo su caso como una injusticia de la que hemos sido parte y eso renueva el dilema terrible de esta profesión en la que el balance es tan delicado y difícil porque dependemos de fuentes que pueden tener su propia agenda y sus propios intereses.