Dicho en términos que utilizan los jóvenes economistas, Guatemala y su sistema político necesitan una profunda reingeniería o, como diría cualquier mecánico, un extenso overhaul porque el deterioro de las piezas (en este caso nuestras instituciones) es de tal calibre que ya no funcionan adecuadamente. Algunos hablan de un nuevo pacto social, de la refundación del Estado y de la necesidad de un nuevo modelo constitucional, pero además de ello, que es absolutamente necesario, también hace falta un cambio de actitud y mentalidad de los ciudadanos para ocuparnos más de los asuntos del país.
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Los políticos nacionales no han abordado ese tema y parecieran no darse cuenta de cómo desde el mismo sistema electoral prostituido por los financistas, hasta la misma administración de justicia, todo anda patas arriba dejando al país literalmente a la deriva por la ausencia de un norte, de un objetivo que como Nación tengamos que alcanzar y ejecutar.
Ahora que tenemos ya sólo dos candidatos en la contienda, aunque el TSE no ha dado aún datos oficiales, es momento de plantear a ambos su enorme responsabilidad histórica porque ambos, Pérez y Baldizón, tienen enorme posibilidad de tener que administrar una grave crisis que va más allá de las dificultades económicas y que tiene su raíz en una descomposición del modelo de la participación ciudadana que es piedra angular de la democracia.
Creo que muchos de los ciudadanos que han asumido la Presidencia de la República han tenido dimensión de su responsabilidad histórica pero en el camino los intereses, el tráfico de influencias y los poderes reales se encargan de hacer añicos su sueño de trascender y de dejar una huella imborrable como la que pudo haber dejado, para citar un ejemplo enaltecedor, Juan José Arévalo tras sus seis años de gobierno.
El país no puede ir a ningún lado con vicios que arrancan desde la misma forma en que se elige a las autoridades, puesto que ya está demostrado que el poder lo secuestran los financistas y sirve únicamente para que ellos recuperen su inversión. Las instituciones no funcionan más que para generar negocio y el concepto de fiscalización y rendición de cuentas es inexistente en nuestro modelo, facilitando así corruptela a todo nivel en un juego en el que termina participando gran parte de la población porque todos le sacan raja a esa falta de reglas claras, de responsabilidades con el uso que se hace de los recursos públicos.
No hay la menor posibilidad de avanzar en una absolutamente necesaria reforma fiscal mientras no establezcamos mecanismos confiables de auditoría y fiscalización porque el argumento contra el pago de impuestos siempre será el mismo. Pero institucionalmente no hay capacidad de corregir el problema porque se usan mecanismos como los fideicomisos, las ONG o la contratación de entidades con inmunidad diplomática para manejar mañosamente los fondos del erario.
La seguridad seguirá siendo quimera mientras el sistema de justicia no logre aplicar eficientemente la ley castigando a todos los delincuentes por culpa de la impunidad. No basta con mejorar la Policía, puesto que sin hacerlo con el Ministerio Público y los tribunales, toda inversión será pisto tirado a la basura.
El panorama para el próximo gobierno no es fácil, pero partiendo de una actitud draconiana en términos de honestidad y combate a la corrupción se puede consolidar un liderazgo con autoridad moral para convocar a los sectores de la sociedad a participar en el esfuerzo por hacer el overhaul, por realizar la reingeniería y concretar un nuevo pacto social. Sin esa autoridad moral no tiene sentido ningún esfuerzo y por lo tanto todo lo que prometan, todo lo que se diga en campaña, será pura palabrería sin sentido como ha ocurrido hasta hoy. Pérez y Baldizón tienen un desafío histórico. ¿Sabrá alguno de ellos aceptarlo y vencer?