En todo el problema generado por la cancelación del derecho a usar la frecuencia estatal para Radio Caracas Televisión (RCTV), el gobierno de Hugo Chávez esgrime como argumento esencial para justificar la medida el papel jugado por ese medio durante el fallido golpe de Estado que depuso brevemente al gobernante de Venezuela, pero se pasa por alto que el mismo Chávez fue un fallido golpista que se inició en la vida política con una asonada contra el gobierno legítimamente constituido.
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Pienso que cuando los directores o propietarios de un medio de comunicación trascienden de su papel informativo y se comprometen en una conspiración política, deben asumir las consecuencias de sus actos. En ese tipo de actividades, las conspirativas, es sabido que los ganadores terminan como héroes mientras los perdedores tienen que cargar con las consecuencias de sus actos. Nadie ha cuestionado el señalamiento que el gobierno venezolano hace sobre el papel que jugó el canal de televisión en la asonada militar que fue patrocinada tanto por intereses económicos internos como por factores externos que pretendían derrocar a Chávez, lo cual de alguna manera significa un reconocimiento de que, en efecto, el canal se jugó en su momento por la conspiración y si el golpe hubiera sido exitoso, Chávez estaría en el exilio o muerto y los directivos del canal tendrían no sólo su frecuencia, sino un enorme poder en el régimen resultante.
El problema en este caso es que se trata de un pleito entre golpistas que, curiosamente, esgrimen la defensa del orden legal y constitucional como su arma principal. Si Chávez no hubiera sido un fallido golpista tendría razones éticas y morales para cuestionar el papel de un medio de prensa que se involucró en una burda conspiración, tan burda y tan fallida como la que encabezó el mismo Hugo Chávez, en contra del gobierno legalmente constituido y producto de elecciones libres realizadas en el marco de lo que ordena y ordenaba la Constitución.
Pienso que los medios de comunicación tenemos el deber de informar ampliamente a la población, pero que tenemos que entender que si nos comprometemos políticamente en una conspiración, revuelta o revolución, corremos todos los riesgos que corren los otros implicados y no podemos esgrimir el fuero de la libertad de prensa para justificar nuestros actos. Y por supuesto que en ese contexto hay que entender que uno asume consecuencias legales y políticas por sus actos que nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, en Venezuela existen medios que critican al gobierno de Chávez y legitiman su proceder porque actúan en el marco de lo que establece la ley y sin promover cuartelazos.
Pero el gobierno de Hugo Chávez es, a mi juicio, el menos indicado para alegar respeto a la institucionalidad del país porque no se puede borrar del pasado histórico del gobernante venezolano su participación en otro cuartelazo. Y no valen expresiones que descalifican una acción y validan la otra, porque cuartelazo es cuartelazo, sin que importen las razones que se esgriman para propiciar la ruptura del orden constitucional. Cada vez que veo a Chávez que se saca del bolsillo de la camisa el pequeño ejemplar de la Constitución Bolivariana, recuerdo su asonada, su intentona en contra del orden constitucional esgrimiendo muchos de los argumentos que ahora usan en contra suya los que conspiran para derrocarlo.
Mantener un enfoque equilibrado sobre los sucesos de Venezuela es difícil porque hay demasiada pasión de uno y otro lado. Por ello vale la pena recordar que, al fin y al cabo, este es un pleito entre golpistas.