A consecuencia de esa polí­tica internacional, las autoridades guatemaltecas de los tres organismos del Estado ?Ejecutivo, Legislativo y Judicial? así­ como las instituciones públicas autónomas, e incluso el Ejército Nacional, han contribuido al desplazamiento continuado del Estado de sus funciones y deberes respecto a los servicios públicos, categorí­as que tradicionalmente se habí­an basado en el principio de la obligación del Estado de satisfacer las necesidades fundamentales de los habitantes del paí­s, en forma continuada, uniforme e igualitaria y no lucrativa. En Guatemala, ese antisocial proceso de privatización se ha establecido con más í­mpetu desde la suscripción de los Acuerdos de Paz, a fines de 1996 y, durante la presente administración (que para bien de Guatemala ya llega a su fin), se ha intentado culminar con la privatización absoluta de los servicios de educación, salud y seguridad social, pero el rechazo amplí­simo de los usuarios, del magisterio, y de los profesionales responsables de salud y de seguridad y previsión social, han impedido que avance más su incipiente privatización.

Sin embargo, el peligro de la reactivación de esta endemia social, tan grave como la del sida, está a la puerta de nuestros paí­ses, principalmente centroamericanos. Me fundo para dar esa advertencia, después de leer una amplia información del periodista José Carreño GDA, de El Universal de México reproducida por SIGLO 21 de Guatemala en su edición dominical de 15 del presente mes, bajo el titular ¿MERCENARIOS PARA LA PAZ?

La información divulga aseveraciones del periodista Jeremy Scahill, quien en libro que escribió sobre la empresa estadounidense Blackwater, anota que esta es considerada como «el más poderoso ejército mercenario del mundo». Posee uno de los arsenales mayores de los EUA y cuenta con 21 mil elementos mercenarios. La empresa se hace autopropaganda y anuncia: «Podemos proveer seguridad en campos de refugiados, seguridad defensiva (…) en la tercera parte del tiempo que tomarí­a poner una unidad internacional en el terreno y serí­a 60% más barato». Lo anterior se explica porque se están reclutando efectivos asalariados de los paí­ses del tercer mundo, incluida Centroamérica, porque a un mercenario de los EUA le tendrí­an que pagar US$ 10 mil al mes, en tanto que a los nuestros con US$ 1000 los contratan.

Senadores y altas autoridades de la gran nación de Norte ya han utilizado a empresas de esa mala catadura, como guardaespaldas o para operativos de la CIA en varias partes del mundo.

Impresionado por esa alarmante y tenebrosa noticia, me hizo recordar la acción intervencionista de la CIA con mercenarios centroamericanos en Guatemala, en 1954. Pero más me preocupa, porque en los años 80 de siglo pasado, la contrainsurgencia estatal se valió de prácticas terroristas y llegó al grado de consumar los delitos de lesa humanidad: genocidio y etnocidio. Pero más aún, me angustia la militarización de nuestro paí­s, no sólo por la condición de poder paralelo de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, sino por la presencia, a plazo indefinido, de efectivos militares de tierra, mar y aire del Ejército de los EUA, en suelo patrio. Y por el señuelo que esa paga de miles dólares a los mercenario, pueda ser más atractivo para los soldados «kaibiles», que ir a Haití­ o al Congo, dizque al servicio de la paz, cuando en la Tierra del Quetzal no se ha logrado, a pesar que hace ya once años que la guerra interna terminó.

Esperamos que la Señora Ministra de Gobernación no piense en contratar a una «blackwater» para sus planes de orden y seguridad pública.