El dinero siempre ha sido un factor importante para la política, pero mundialmente en los últimos años pasó de ser ese factor importante a convertirse en “el factor”, es decir, lo único que realmente cuenta e importa para buscar el poder. Y el problema no está referido únicamente a Guatemala, sino que aun en Estados Unidos, país que presume de ser el adalid de la democracia mundial, se observa cómo la influencia de los comités de acción política, que pueden invertir sin límite en las campañas y que se forman alrededor de intereses ideológicos y económicos, el concepto de gobiernos para el pueblo, del pueblo y por el pueblo son ya cosa del pasado porque ahora todo se hace para y por los que reúnen millones para hacer campañas políticas.

En cada elección, sin embargo, la gente alienta esperanzas de que habrá un cambio, que podrá realmente elegir a un candidato que entienda el sentido de un mandato popular y que se comprometa a ejecutarlo, aun a sabiendas de que ello no ha de ocurrir porque los compromisos adquiridos son de tal tamaño que es imposible atenderlos sin poner a todo el Estado al servicio de quienes los promueven. Al fin y al cabo, las campañas no se ganan con votos sino con dinero porque ese recurso es el que permite atizar el clientelismo y difundir la propaganda, elementos que son indispensables para disputar el poder.
 
 Nosotros nunca lo vivimos así, pero en Estados Unidos hubo una época en la que efectivamente los caciques distritales tenían peso en las Asambleas de los dos partidos más importantes y eran quienes decidían la línea del partido y sus candidatos. Muchos de esos caciques pudieron ser dirigentes corruptos pero se tenía que contar con ellos para disponer de distritos vitales para alcanzar una nominación. Todo eso desapareció y si la democracia norteamericana está en trapos de cucaracha, al punto de que no pueden aprobar el presupuesto y, lo más grave, están a punto de incurrir en una suspensión de pagos de la deuda, qué nos puede sorprender que nuestro Congreso se haya pasado un año en una interpelación y que se tenga que recurrir a maniobras legales para ir aprobando aquellas leyes que tanto interesan a los grupos que financiaron las campañas políticas, como ocurrió por ejemplo con la Ley de Telecomunicaciones que regaló (no hay otra forma de decirlo) las concesiones de frecuencias a quienes las están usufructuando.
 
 Y todo ello ocurre porque los ciudadanos, al final de cuentas, sabemos que nos están viendo la cara de babosos y participamos en el juego al que llaman democracia pero donde el pueblo (ese “demos” que inspira el concepto) no toca ningún pito más que el de caja de resonancia para legitimar la pistocracia. Nadie con dos dedos de frente puede suponer que la contienda electoral que ya se está viviendo anticipadamente traerá resultados diferentes porque todos, sin excepción, los que están participando lo hacen respetando escrupulosamente las nuevas reglas de juego que implican el sometimiento a los grandes intereses que tiene el poder económico suficiente para comprar la estabilidad de sus privilegios y negocios.
 
 Viendo alrededor del mundo cómo funcionan las democracias vemos que cada día pesa más el billete y menos el voto porque al final éste depende de cuánto se invirtió en la campaña. Casos excepcionales hay, por supuesto, y se dan sorpresas cuando algunos pueblos se hartan de que les vean la cara de pendejos, pero son simplemente eso, excepciones que confirman la regla cada vez más generalizada de que la política se mueve alrededor del dinero y no de los respaldos populares que antaño eran el sueño de cualquier dirigente.