En este documento podemos entender su lí­nea conductora, por medio del resumen que lo introduce a uno a los temas de las Fuerzas Armadas y la Policí­a, que de antemano, definen con funciones diferentes.

En el caso de las Fuerzas Armadas, se capta desde los primeros párrafos, que el control democrático sobre ellas constituye un punto crí­tico para la consolidación democrática. La autonomí­a y las prerrogativas militares son contrarias al régimen democrático, pues mantienen áreas de poder no controladas por las autoridades electas.

Recomienda que los jefes de Estado y de Gobierno deben crear, una serie de mecanismos que permitan el ejercicio de la supremací­a de las autoridades civiles en las cuestiones de defensa. Esencialmente en: incluir en el debate y la definición de las polí­ticas de defensa al Congreso, ampliando además esa participación a diferentes sectores de la sociedad civil; crear ministerios de defensa civil, con capacidad real de definir e implantar las polí­ticas de defensa; y hacer transparente la gestión y la financiación de la Defensa.

El documento destaca que el marco institucional en el que se ejerce el control democrático sobre las Fuerzas Armadas, constituye un punto crí­tico para la consolidación democrática. En la medida en que los gobiernos elegidos no tienen éxito en sus intentos de subordinar a los militares, la autonomí­a militar resultante es contraria a la consolidación de la democracia. En la democracia no pueden mantenerse áreas reservadas sobre un elemento fundamental como es la fuerza de las armas, a través de su uso legí­timo.

Además, la prioridad de todo gobierno democrático debe ser establecer control civil democrático sobre las Fuerzas Armadas. Para lograrlo, es necesario eliminar la autonomí­a y las prerrogativas especiales de las Fuerzas Armadas del Estado sobre la sociedad. La experiencia de las últimas décadas sugiere que el progreso del control democrático conlleva el fortalecimiento de la legitimidad y capacidades de las instituciones democráticas (civiles) y la reducción de la relevancia de la coerción en el Gobierno. Implica esto, que la transición sea de manera planificada, no solo pensando en una conducción polí­tica, como tal, sino en la institucionalidad que dará las herramientas a la misma. Aspecto importante es lograr una interacción entre civiles y militares, en el diseño institucional. Lo más fácil serí­a partir de una concepción minimalista, de creer que no deberí­an tomarse en cuenta a militares en el diseño y funcionamiento de la institución que conduzca la defensa (Ministerio de Defensa), crasos errores se han cometido por tomar este camino. El camino no es desmilitarizar instituciones, hay que aprender a ejercer el control sobre ellos y que entender el ejercicio de una subordinación plena y no relativa.

(Continuará)