La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya decidirá el jueves, después de seis meses de deliberaciones, si es competente para juzgar el diferendo territorial que enfrenta a Nicaragua y Colombia por una extensión insular y marítima de 50 mil km2 en el Caribe.
Nicaragua, en una demanda presentada en 2001, pidió a la CIJ que se pronunciara sobre la soberanía de una extensión que incluye las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos Roncador, Serrana, Serranilla y Quitasueño.
El tribunal delibera sobre la cuestión desde el pasado junio, cuando ambas partes expusieron sus argumentos a favor y en contra en una semana de audiencias.
«Somos muy optimistas. No existe la más mínima duda de que la CIJ tiene competencia para tratar este caso y de que su intervención sería la forma más lógica y pacífica de resolverlo», declaró el principal agente de Nicaragua en el caso, el embajador del país centroamericano en Holanda, Carlos José Argí¼ello Gómez.
Para dar una idea de la importancia que este conflicto con Colombia merece, el canciller nicaragí¼ense, Samuel Santos, asistirá el jueves en La Haya a la sesión en que la CIJ comunicará su decisión.
Por parte colombiana, estarán presentes entre otros el embajador en Holanda, Julio Londoño Paredes, y el ex embajador Guillermo Fernández de Soto, que participaron como agentes en la defensa de los intereses de su país el pasado junio.
Según Argí¼ello, sólo la CIJ, «una tercera parte, que es además la más cualificada del mundo» puede lograr un acuerdo entre las partes que de otra forma sería «muy difícil».
Managua subraya que Bogotá obtuvo el control de los territorios disputados a partir de una interpretación unilateral del Tratado Barcenas-Esguerra de 1928, que las autoridades nicaragí¼enses consideran nulo porque fue firmado cuando el país estaba bajo ocupación militar norteamericana (1927-1934).
Para justificar la competencia de la CIJ, Nicaragua invoca el artículo XXXI del Tratado Interamericano para la Solución Pacífica de Conflictos, conocido como «Pacto de Bogotá», firmado en abril de 1948 y del que ambos países forman parte.
Pero para los representantes de Colombia, todas las diferencias con Nicaragua por la posesión sobre el archipiélago, fueron resueltas con el tratado firmado en 1928 y ratificado en 1930.
Además y según la parte colombiana, el Pacto de Bogotá no somete a la jurisdicción de la CIJ los acuerdos internacionales que se hayan suscrito antes de 1948, su fecha de entrada en vigencia, y por ello pidió a la Corte que se declare incompetente y dé por cerrado el caso.
«La Corte no tiene jurisdicción pues esas diferencias ya fueron zanjadas», declaró recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Bogotá, Fernando Araujo.
No obstante, el responsable de Bogotá aseguró que su «gobierno ha contemplado todos los escenarios y está preparado para las acciones siguientes o posteriores al fallo.
«Nicaragua acatará lo que la CIJ diga», garantizó por su parte Argí¼ello, negándose a hablar de las acciones que se tomarán en caso de un fallo negativo para su país. «Es muy difícil hablar por anticipado, juzgar algo que no hemos visto», agregó.
En este momento, la CIJ tiene pendientes 11 causas, tres de las cuales implican a países latinoamericanos: el diferendo Nicaragua-Colombia por estos territorios, el pleito entre Argentina y Uruguay por las papeleras sobre el río Uruguay y el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua sobre los derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos.
En octubre, la CIJ, en un fallo salomónico dio la razón a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Caribe en una disputa con Nicaragua, y también estableció una frontera marítima que recoge parte de los reclamos de Managua sobre 130 mil km2 en el Caribe.
Las sentencias de la CIJ son definitivas y no existe la posibilidad de apelar pero la Corte no dispone de medios coercitivos para imponer sus decisiones.
Los países de América Latina han recurrido en varias ocasiones a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde su creación, en 1945, por problemas no sólo territoriales sino también vinculados con conflictos armados y respeto al medio ambiente.
Hay países como Brasil, que nunca se dirigieron a esta Corte, y otros como Nicaragua, que ha estado involucrada en ocho y Honduras, que participó en otras cuatro, según los archivos de la CIJ.
En actividad desde 1946, uno de los primeros casos de la CIJ fue el presentado por Colombia contra Perú en 1949, referente al asilo acordado al entonces líder del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se había refugiado un año antes en la embajada de Colombia en Lima.
En la primera década de vida de la Corte de La Haya, hubo otras causas que involucraron a países latinoamericanos, como la de Guatemala contra Liechtenstein por el caso Nottebohm (1951), o la de Chile y Argentina contra Gran Bretaña por la soberanía en la Antártida (1955).
En estos dos últimos casos, iniciados por Londres, la CIJ no continuó con el procedimiento a raíz de la negativa de Santiago de Chile y Buenos Aires de reconocer su jurisdicción para resolver el diferendo.
Tres años más tarde, en 1958, Honduras y Nicaragua se enfrentaron por primera vez en La Haya por la aplicación de una sentencia arbitral pronunciada en 1906 por el entonces rey de España Alfonso XIII, relativa a un diferendo de delimitación entre ambos países.
Tras ese caso, no hubo pleitos en La Haya entre países de América Latina hasta casi 30 años más tarde, en 1984, cuando Nicaragua denunció ante la CIJ las actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en su territorio, que fueron condenadas por los jueces de La Haya.
Nicaragua recurrió a la CIJ en dos cuestiones vinculadas con este caso central, pero esta vez contra Honduras y Costa Rica, por acciones armadas fronterizas y transfronterizas.
En 1998, Paraguay apeló a la CIJ por un diferendo con Estados Unidos por el caso de Angel Francisco Breard, un ciudadano paraguayo condenado muerte en Virginia por homicidio.
Pese a la introducción de la demanda, Breard fue ejecutado tal como estaba previsto y Paraguay retiró su demanda meses después.
Posteriormente, otras cinco causas fueron presentadas por países latinoamericanos en la Haya. Una fue resuelta, otra solicita la revisión de un fallo sobre el caso El Salvador/Honduras/Nicaragua de 1986 por una cuestión fronteriza, y tres están en curso.
En octubre, la CIJ dio la razón a Honduras por la soberanía de cuatro islas en el Caribe en una disputa con Nicaragua abierta en 1999, aunque también estableció una frontera marítima que recoge parte de los reclamos de Managua sobre 130 mil km2 en el Caribe.
Entre los pleitos pendientes, se encuentra el que enfrenta a Nicaragua y Colombia por un diferendo territorial en el Caribe, en el que la CIJ se pronunciará sobre su competencia el próximo jueves.
Otro de los casos abiertos opone a Nicaragua y Costa Rica, que fue quien presentó la queja ante la CIJ, por los derechos de navegación del río San Juan y derechos anexos (2005).
El último diferendo pendiente es el que enfrenta desde 2006 a Argentina y Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo, junto a un río de soberanía compartida.