El Censo -10 preguntas por persona- es simple y pareciera inocuo, si bien tiene barbaridades como catalogar a las personas por «razas» y dedicar una pregunta para determinar si la persona censada es de origen hispano, latino o español. Por ahora, la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) recomienda que toda persona residente en Estados Unidos con autorización llene su correspondiente boleta y se haga contar. Cuotas financieras y de participación polí­tica dependerán de la población de cada circunscripción, aparte de ser una obligación ciudadana. El problema surge con los inmigrantes indocumentados, forzados a la clandestinidad. Se insiste en que los datos del censo serán confidenciales, lo cual, en general, puede ser cierto. Leí­a, en El Diario/La Prensa de Nueva York, sin embargo, que el Servicio de Inmigración (ICE) tiene un programa de «soplones», que son pagados para que informen sobre los indocumentados. Es fácil imaginar que este tipo de «funcionarios soplones» pueden ser introducidos en la estructura encargada del Censo. Aunque esto no llegara a ocurrir, basta analizar la boleta para descubrir vulnerabilidad adicional para los indocumentados. La pregunta 1. pide el número de personas que viví­an o se quedaban en la residencia el 1 de abril. Es claro que si, por ejemplo, en una casa de tres habitaciones viven 15 o más personas, lo más probable es que varios de ellos sean indocumentados. En la pregunta 5. se pide los nombres y apellidos de las personas que viven en la residencia, lo que permite determinar quiénes pueden ser familiares o no, mostrando así­ posibles indocumentados. Las preguntas 8. y 9. sobre origen y «raza» brindan datos adicionales para su localización. No podemos asegurar que la intención sea utilizar el Censo 2010 para localizar más fácilmente a los inmigrantes indocumentados, pero tampoco podemos pecar de ingenuos y, como se dice en Latinoamérica, «creer en Santa Claus». La deportación es un castigo muy serio para las ví­ctimas directas, sus familias, sus comunidades y los paí­ses de origen, que ven disminuidas las remesas y aumentado el número de desempleados. Considero que quienes informan sobre el Censo, incluidos los Consulados de paí­ses latinoamericanos, de manera responsable y ética deben aclarar que puede representar un riesgo adicional para los inmigrantes indocumentados. La decisión de hacerse contar es personal, para lo cual la persona debe estar perfectamente informada de los beneficios colectivos de hacerlo; pero, igualmente, de los riesgos cuando la información llega a personas interesadas. Ahora que la reforma migratoria ha sido detenida, dichos riesgos son mucho mayores. Cada inmigrante indocumentado debe evaluar el costo y el beneficio y, libremente, tomar la mejor decisión.