El Presidente y la Vicepresidenta desistieron de las acciones penales que iniciaron por publicaciones que les parecieron una afrenta y exceso en la libre emisión del pensamiento, entendiendo que la Ley de la materia establece el procedimiento a seguir cuando en el ejercicio de ese derecho se puedan cometer excesos o abusos. Mal parados quedan, de entrada, los dos jueces que dieron trámite sin fundamento legal a las querellas planteadas por Pérez Molina y Baldetti Elías, puesto que se hizo más que evidente que la vía penal no era la indicada para dirimir ese tipo de problemas.

Queda, sin embargo, un caso que no recibió la misma cobertura ni el mismo respaldo mediático y que tiene que ver con un columnista de La Hora, el licenciado Fernando Mollinedo, quien está ligado a proceso por el delito de discriminación racial a causa de un artículo de opinión que publicó sobre la Policía Municipal de Tránsito. El mismo juez Patán que le dio trámite a la querella de Pérez Molina y ordenó el arraigo de Rubén Zamora, es quien ligó a proceso a Mollinedo en forma arbitraria y violentando la ley porque no tomó en cuenta los argumentos que se señalaron para que el caso fuera conocido de acuerdo con la Ley de Emisión del Pensamiento.
 
 Insistimos en que no se trata de promover la impunidad de los periodistas, sino de preservar el derecho de todos los ciudadanos a la libre emisión del pensamiento. Algunos lectores nos han dicho que ataques como el de Mollinedo a los policías de tránsito o de Zamora a los gobernantes se pasan de la raya y constituyen un abuso inaceptable. Puede entenderse ese argumento, pero el abuso, en todo caso, tiene que ser juzgado y sancionado, si fuera el caso, de acuerdo con lo que establece la Ley de la materia que tiene rango constitucional.
 
 Los mismos lectores que consideran que los periodistas nos estamos tapando con la misma chamarra son aquellos que nos piden, muchas veces, que digamos algo contra la corrupción, que señalemos las anomalías en la gestión pública. Aceptamos que hay formas y formas de cumplir con esa función que es también un deber, pero el principio general tiene que garantizar el derecho a la libre emisión del pensamiento sin espacio para represalias fuera de ley como las que plantearon tanto los gobernantes como los agentes de la PMT capitalina.
 
 El asunto es que el juez Patán tiene pendiente el caso Mollinedo y debe resolver conforme a derecho.

Minutero:
No es cuestión de impunidad 
sino de legalidad; 
que se juzgue si hay exceso 
pero con el debido proceso