La ausencia del Estado se percibe en distintas actividades de la vida nacional porque hemos caído en un dejar hacer que causa espanto porque es generador de anarquía, pero en pocos casos como en el transporte es tan visible esa incapacidad de las autoridades para poner orden y hacer que se cumplan elementales normas que persiguen no sólo la protección de los derechos del usuario, sino fundamentalmente de su vida.

Tras años de no realizar ningún control sobre la cantidad de pasajeros en las unidades del transporte público, se empezó por fin a realizar operativos para evitar la sobrecarga de unidades, causa fundamental de muchos de los más fatales accidentes que se han visto en la historia del país. El Reglamento establece que cada vehículo puede transportar únicamente la cantidad de pasajeros que se establece en su tarjeta de circulación, pero tanto en el transporte privado como en el público, esa normativa ha estado de adorno porque aquí tenemos la costumbre de pasarnos cualquier ley o disposición por el arco del triunfo.
 
 Ante los operativos, que no son constantes ni permanentes, los transportistas han adoptado una peculiar forma de rebelión que no puede sino calificarse de extremadamente cínica y descarada. En vista de que no pueden atiborrar con sobrecarga sus unidades, decidieron aumentar el precio del pasaje por sí y ante sí. Y como no hay autoridad digna de tal nombre, han sido los mismos usuarios quienes han emprendido acciones de protesta para exigir respeto a las tarifas establecidas.
 
 Las tarifas se establecieron tomando en cuenta la cantidad de pasajeros legalmente autorizados para viajar en cada unidad y con ese criterio se aseguró una razonable ganancia para el transportista. Sin embargo, la voracidad no tiene límite y ahora deciden aumentar las tarifas porque ya no los están dejando burlar la ley con tanta tranquilidad como la que tuvieron por años.
 
 Únicamente en Guatemala se pueden ver estos patéticos casos en los que se ve que el irrespeto a la ley se convierte en norma de vida y generador de derechos. Es inaudito que para compensar las ganancias excesivas que obtuvieron precisamente por poner en peligro la vida de tanto pasajero, ahora dispongan que ellos tienen que seguir obteniendo ingresos como los que tuvieron al violar las leyes. Y más inaudito aún es que las autoridades no hagan absolutamente nada para poner orden en medio de la anarquía que se vive en el transporte. En el transporte urbano el subsidio es fuente de corrupción que nadie ataja y, en general, se ha convertido en un negocio infame donde el interés del público no tiene la más mínima importancia.
 

Minutero
Vivimos en anarquía
por falta de autoridad;
y aunque el usuario porfía,
no se libra de tanta maldad