A cinco años de su aprobación en el Congreso de la República, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) ha dejado ver dos grandes ganadores: la industria importadora de granos básicos y la industria agroexportadora.
Las industrias de alimentos se dedican a importar granos básicos como trigo, arroz y maíz amarillo. Se trata de industrias mono y oligopólicas que concentran los contingentes de importación y no trasladan el beneficio fiscal a los consumidores.
En el país se conoce que la industria avícola es controlada por tres grupos de capital. En 2009 aparecen 32 empresas como usuarias de los contingentes arancelarios de maíz amarillo, según la Superintendencia de Administración Tributaria. De éstas, hay diez que utilizan 80 por ciento, esto es una participación similar a la que aquellos tres grupos de capital tienen en el mercado nacional de producción de huevos, concentrados y pollo. Se ha comprobado que dichos grupos utilizan varias formas jurídicas para tener una cuota más grande de los contingentes DR-CAFTA libres de arancel de granos básicos.
La misma tendencia se muestra en el arroz, donde una sola empresa utilizó en 2009 el 60 por ciento del contingente. En el caso del trigo, se conoce que una empresa controla el 50 por ciento del contingente y seis empresas el resto. Sin embargo, se conoce que es un solo grupo de capital el que controla el mercado de harina de trigo, pastas y galletas.
Las autoridades señalan que no hay una legislación que pueda condenar esta captura de los contingentes. De hecho, las autoridades favorecieron en los convenios DR-CAFTA a las empresas llamadas históricas sobre nuevas que pudieran surgir. Algunos funcionarios han señalado que esta medida lo que evita es que oportunistas que no son de la industria hagan negocio de estas cuotas arancelarias.
Pero mientras esto ocurre, gremios como el panadero se han quejado por la falta de acceso a importaciones libres de arancel. En 2008 realizaron una huelga exigiendo exención de impuestos a la importación de harina de trigo. Dos días después fue asesinado el presidente de la Asociación Nacional de Panificadores de Guatemala, Guadalupe García Cifuentes.
El 2008 fue un año en que la crisis del alza de los alimentos afectó a todas las familias guatemaltecas. En respuesta, el gobierno decidió abrir más los contingentes a la importación de alimentos como: partes de pollo, leche en polvo, harina de trigo, maíz amarillo, arroz partido. La medida puede ser justificable, dada la coyuntura, aunque a largo plazo lo necesario es estimular la producción nacional de granos básicos, y no ampliar los contingentes que han promovido la desrentabilización de la producción nacional alimentaria.
Ante la medida, los medios informaron que 82 por ciento de ese contingente fue acaparado por un solo grupo, Grupo La Buena, a pesar que el presidente ílvaro Colom señaló que el contingente sería administrado por cooperativistas. No cabe duda que estas prácticas anticompetitivas tienen repercusión en el acceso a los alimentos.
Sobre posibles regulaciones a los monopolios en el país, sólo se vislumbra la normativa que surja como parte del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Una imposición externa ante la inmovilidad de los gobernantes nacionales. Pero no es ninguna respuesta de fondo abrirnos al comercio con otras potencias económicas.
Más bien, la solución está en garantizar que los alimentos queden fuera de los acuerdos comerciales y se estimule la producción campesina de granos básicos. Mientras tanto el campo guatemalteco es un paraíso para la concentración de todo en pocas manos.